Los propietarios con cuatro o más viviendas vacías pueden ver cómo el IBI se multiplica hasta un 150%. La medida depende de cada ayuntamiento y no afecta a segundas residencias ni a inmuebles con causa justificada.
Un propietario con varias viviendas desocupadas puede enfrentarse a un aumento inesperado en el recibo del IBI: la ley permite que el impuesto se dispare hasta un 150% si se cumplen ciertos requisitos. Esta medida, vigente desde mayo de 2023 tras la aprobación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, no es automática ni universal, pero sí representa un cambio relevante para quienes mantienen inmuebles sin uso durante largos periodos.
El recargo solo puede aplicarse a viviendas que lleven vacías más de dos años de forma continuada y sin una causa justificada. Además, el titular debe poseer al menos cuatro inmuebles residenciales. No basta con tener una segunda residencia o una vivienda sin ocupar: la norma está dirigida a grandes tenedores y busca incentivar la puesta en el mercado de viviendas deshabitadas.
Decisión municipal
La aplicación del recargo depende de cada ayuntamiento. El municipio debe incorporar la medida en su ordenanza fiscal, establecer el procedimiento de comprobación y declarar formalmente que la vivienda está desocupada. Por eso, el impacto real varía según la localidad y no todos los propietarios en España se verán afectados de la misma manera.
Cómo se calcula el recargo
El recargo puede alcanzar inicialmente el 50% de la cuota líquida del IBI si la vivienda lleva vacía más de dos años. Si la desocupación supera los tres años, el porcentaje puede subir hasta el 100%. Además, si el propietario tiene dos o más viviendas vacías en el mismo municipio, el recargo puede incrementarse otros 50 puntos, llegando al máximo del 150%. Por ejemplo, si el IBI anual es de 600 euros, el recargo podría sumar hasta 900 euros adicionales, elevando el total a 1.500 euros, siempre que se cumplan todos los requisitos y el ayuntamiento haya aprobado el máximo permitido.
Excepciones y justificaciones
No todas las viviendas vacías están sujetas al recargo. La ley contempla varias situaciones que eximen al propietario: traslados temporales por trabajo o estudios, cambios de domicilio por dependencia o salud, emergencias sociales, obras de rehabilitación, procedimientos judiciales o administrativos que impidan el uso, y segundas residencias (hasta un máximo de cuatro años de desocupación continuada). También quedan fuera los inmuebles en venta durante un año o en alquiler durante seis meses, siempre que se acredite la oferta en condiciones de mercado.
Procedimiento y pruebas
Para declarar una vivienda como desocupada, el ayuntamiento debe seguir un procedimiento garantista. La ausencia de personas empadronadas y el bajo consumo de suministros pueden servir como indicios, pero no son suficientes por sí solos. Antes de imponer el recargo, el propietario tiene derecho a presentar alegaciones y documentación. El recargo se devenga el 31 de diciembre y se liquida anualmente tras la comprobación de la situación.
Contexto y consecuencias
Esta medida busca combatir la acumulación de viviendas vacías en manos de grandes propietarios y favorecer la oferta de alquiler. Sin embargo, su impacto real dependerá de la voluntad política de los ayuntamientos y de la capacidad de los titulares para justificar la desocupación. En paralelo, otros gastos del hogar también pueden verse afectados por pequeños descuidos, como ocurre con el consumo eléctrico: un simple error con el aire acondicionado puede elevar la factura, tal como se explica en este análisis sobre el impacto del mantenimiento en el gasto energético.
En definitiva, quienes posean varias viviendas sin uso deben estar atentos a las ordenanzas locales y a los plazos de desocupación para evitar sorpresas en el recibo del IBI. La tendencia apunta a una fiscalidad más activa sobre el parque inmobiliario vacío, aunque la aplicación práctica sigue siendo desigual en el territorio español.
