El Tribunal Supremo frenó en seco la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad española bajo la llamada ley de nietos. Más de 400.000 personas quedan fuera del padrón a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión, fechada el 8 de septiembre, sacudió un proceso que ya venía generando polémica por la avalancha de expedientes y la rapidez de las concesiones. Gobierno y Fiscalía se ven ahora forzados a defender la instrucción del Ministerio de Justicia que abrió la puerta a la nacionalización masiva de descendientes de exiliados.
La suspensión afecta a quienes accedieron a la ciudadanía por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta norma permitió la inscripción automática en el censo a descendientes de españoles exiliados entre 1936 y 1955, y en algunos casos hasta 1978. El Supremo matizó que la medida solo bloquea la inclusión en el registro electoral CERA, sin retirar la nacionalidad ya concedida.
El Supremo ha solicitado alegaciones a las partes en un plazo improrrogable de 48 horas antes de decidir sobre la suspensión de la inscripción en el CERA de los nuevos nacionalizados.
El debate político se disparó tras la publicación de una encuesta de GAD3 para ABC, realizada entre el 6 y el 8 de octubre. El 68% de los consultados pide frenar y revisar todos los procesos de nacionalización por la ley de nietos. Solo un 21% rechaza la suspensión. El respaldo a la revisión cruza líneas partidistas: la mitad de los votantes del PSOE y el 43% de los de Sumar la apoyan, y también hay apoyo entre nacionalistas catalanes y vascos. La oposición se concentra en los votantes del Partido Popular y Vox.
El censo que se usará en las elecciones del 29-N se cerró el 1 de agosto, antes de la decisión del Supremo. Nadie sabe cuántos de los nuevos nacionalizados podrán votar. La Abogacía del Estado pidió que se permita el voto en estos comicios, alegando que es imposible revisar cada caso antes de la cita. La Fiscalía también solicitó levantar la prohibición y que los afectados puedan presentar alegaciones. El Supremo dio 48 horas para recibirlas, pero al cierre de esta edición no había resuelto.
El Tribunal Supremo ha señalado que la situación afecta tanto a quienes ya han sido inscritos en el CERA como a quienes aún esperan su inclusión, y que la resolución final se adoptará de forma conjunta tras recibir las alegaciones de todas las partes.
La raíz del conflicto está en la instrucción del Ministerio de Justicia, que presumió automáticamente la condición de exiliado para quienes salieron de España en los años señalados. Incluso permitió nacionalizar a descendientes de emigrados antes de 1936, creando un supuesto ajeno al exilio. Los recurrentes ante el Supremo cuestionan que una instrucción administrativa pueda ampliar tanto el alcance de la ley de Memoria y exigen revisar los expedientes uno a uno.
El caso recuerda a otros procesos judiciales recientes que han puesto en entredicho la preparación y la presión sobre los ciudadanos implicados, como ocurrió en la selección de jurados en Madrid. En ambos escenarios, la falta de claridad y la incertidumbre institucional han generado inquietud entre los afectados y en la opinión pública.
La ficha técnica de la encuesta de GAD3 indica 1.077 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador a mayores de 18 años con derecho a voto, un error muestral de ±3,1% y un nivel de confianza del 95,5%. Sin embargo, los datos oficiales del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no confirman las cifras de solicitudes y porcentajes difundidos en el sondeo. Se recomienda cautela al interpretar estos resultados.
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez obliga a las instituciones a decidir rápido sobre el voto de miles de nuevos ciudadanos. Sin una resolución clara del Supremo, quienes esperan ejercer su derecho y los partidos que calculan el impacto de estos votos siguen en vilo. La presión para revisar y limitar la nacionalización masiva ya es un hecho político central.
Las últimas instrucciones consulares, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, endurecen los requisitos de acreditación de vínculo con España para los solicitantes a partir del 28 de septiembre de 2026. Se mantiene una excepción para quienes se acogen a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Más detalles pueden consultarse en el comunicado oficial del Poder Judicial.
