El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la amnistía para los CDR procesados por terrorismo. La Audiencia Nacional podrá aplicar la medida a 12 acusados. El fallo marca un giro en los casos vinculados al ‘procés’.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un respaldo clave a la aplicación de la amnistía para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo durante el ‘procés’. La sentencia, emitida desde Luxemburgo, despeja el camino para que la Audiencia Nacional pueda aplicar la medida de gracia a los acusados, que enfrentan cargos por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y tentativa de estragos.
El fallo responde a la consulta planteada por la Audiencia Nacional, que había paralizado la aplicación de la amnistía al considerar que la ley española podía entrar en conflicto con la directiva europea de 2017 sobre terrorismo. Según el TJUE, la normativa comunitaria no impide que un Estado miembro apruebe una ley de amnistía que exima de responsabilidad penal a quienes hayan cometido delitos de terrorismo, siempre que estos no hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como la muerte, lesiones graves o tortura.
La resolución subraya que los hechos atribuidos a los CDR ocurrieron en un periodo concreto y en el contexto del proceso independentista catalán. Además, el tribunal señala que la ley de amnistía española no define con precisión la naturaleza ni el umbral de gravedad de los delitos, pero sí establece límites claros: no se puede aplicar la amnistía si los actos han provocado intencionadamente graves vulneraciones del derecho a la vida o a la integridad física.
La Audiencia Nacional había solicitado el pronunciamiento del TJUE en noviembre de 2024, argumentando que la amnistía podría enviar un mensaje peligroso sobre la posibilidad de perdonar delitos de terrorismo por motivos políticos. Sin embargo, el tribunal europeo ha confirmado la opinión emitida meses antes por el abogado general de la UE, quien ya consideró que la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez no vulnera la directiva europea ni afecta a los intereses financieros de la Unión.
El contexto de reconciliación política y social en el que se aprobó la amnistía ha sido determinante para la decisión europea. La Comisión Europea, por su parte, ya había informado que una ley de amnistía que no abarque delitos con víctimas mortales, heridos o malos tratos no necesariamente entra en conflicto con la normativa comunitaria.
Este fallo del TJUE se suma a otros recientes pronunciamientos judiciales que han marcado la agenda política y jurídica en España. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha blindado la libertad de expresión en un caso político en Valencia, como se detalla en la reciente resolución sobre la querella contra la ministra Diana Morant.
La decisión del TJUE tiene implicaciones directas para los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional y puede influir en futuros casos relacionados con delitos de terrorismo en contextos políticos. La amnistía, que entró en vigor a mediados de 2024, establece límites estrictos y solo excluye del perdón aquellos delitos que hayan causado graves daños intencionados a derechos fundamentales. El debate sobre el alcance y los efectos de la medida sigue abierto en el ámbito judicial y político español.
En el contexto europeo, la directiva de 2017 sobre terrorismo busca armonizar la respuesta penal frente a estos delitos, pero deja margen a los Estados para adaptar sus leyes a situaciones excepcionales, como procesos de reconciliación. El caso de los CDR se convierte así en un precedente relevante para la interpretación de la amnistía en la Unión Europea.
