El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE sobre la facturación entre hospitales públicos y concesionarios en Madrid. No ve daño a fondos públicos ni condonación de deuda. La Comunidad de Madrid sale reforzada.
El Tribunal de Cuentas ha cerrado la investigación impulsada por el PSOE sobre el sistema de facturación entre hospitales públicos y concesionarios en la Comunidad de Madrid, al no encontrar indicios de responsabilidad contable ni perjuicio económico para las arcas autonómicas. La resolución, que afecta directamente a los grupos Quirón y Ribera Salud, rechaza que se haya producido una condonación de deuda o renuncia a derechos de cobro por parte de la Administración regional.
La denuncia, presentada por Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, cuestionaba el mecanismo de compensación utilizado por el Servicio Madrileño de Salud cuando los ciudadanos ejercen su derecho a elegir centro sanitario. Según el PSOE, el Ejecutivo autonómico habría dejado de reclamar ciertas cantidades a las empresas concesionarias encargadas de la gestión indirecta de hospitales, lo que, a su juicio, suponía un trato de favor y un posible daño patrimonial.
Sin embargo, el órgano fiscalizador concluye que no existen cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid haya dejado de reclamar, ni se ha acreditado la existencia de un daño concreto, efectivo e individualizado para los fondos públicos. Además, la resolución subraya que no hay derechos de cobro pendientes que la Administración haya renunciado a exigir, respaldando así la posición defendida por el Gobierno regional durante todo el proceso.
El archivo de la causa coincide con la postura tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio Fiscal, que solicitaron el cierre del procedimiento al no apreciarse responsabilidad contable en el sistema de facturación intercentros. Esta decisión refuerza la legalidad de la actuación autonómica y pone fin a meses de debate político sobre la gestión de los hospitales públicos bajo concesión.
El caso se suma a otros recientes en los que la gestión financiera de partidos y administraciones ha sido objeto de escrutinio judicial, como la investigación sobre movimientos en cuentas del PSOE por posibles pagos a implicados en causas abiertas, abordada en una reciente investigación judicial sobre cuentas socialistas.
En España, el modelo de gestión indirecta de hospitales mediante concesiones a empresas privadas ha generado debate desde su implantación, especialmente en comunidades como Madrid y Valencia. El sistema de libre elección de centro sanitario permite a los pacientes acudir a cualquier hospital público o concertado, lo que obliga a compensaciones económicas entre centros por la atención prestada. El Tribunal de Cuentas, en este caso, ha determinado que el procedimiento seguido por la Comunidad de Madrid se ajusta a la normativa vigente y no ha supuesto menoscabo para los fondos públicos. La resolución puede influir en futuras reclamaciones y en la percepción pública sobre la transparencia en la gestión sanitaria regional.
