Diputado de Sumar en el centro de la investigación del Tribunal Supremo por contratos en Altafulla. El Tribunal Supremo de España ha citado a declarar al diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorne, en un caso de posible corrupción relacionado con la adjudicación de contratos municipales en Altafulla. La investigación se centra en el periodo en que ejercía como alcalde del municipio.
El Tribunal Supremo de España ha citado a declarar el 15 de junio al diputado de Sumar en Comú Podem, Félix Alonso Cantorne. Su estatus es el de investigado en una causa por posible corrupción relacionada con la adjudicación de contratos municipales en Altafulla (Tarragona), donde fue alcalde entre 2011 y 2019. La investigación se inició tras la remisión del caso por el juzgado de El Vendrell, que en abril reconoció a Alonso Cantorne como persona con estatus especial y envió la documentación al Supremo.
Según la investigación, durante su gestión municipal, Alonso Cantorne podría haber recurrido a un esquema de adjudicación de los llamados 'contratos menores' para eludir los procedimientos obligatorios de publicidad. Esto permitía seleccionar directamente a los contratistas y firmar acuerdos con ellos, lo que, según el tribunal, generaba riesgo de reparto arbitrario de fondos municipales. En la documentación del caso se indica que se trata no solo de posible corrupción, sino también de irregularidades sistémicas en el proceso de adjudicación y pago de contratos.
En el marco de la investigación, el Tribunal Supremo ya ha tomado declaración a cerca de una decena de testigos. El tribunal destaca que, por el momento, no descarta la posibilidad de detectar otras irregularidades vinculadas a la contratación y el posterior pago de los servicios. Se han ordenado diligencias adicionales para esclarecer todos los hechos y confirmar o descartar la existencia de delito.
Paralelamente a este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lleva a cabo su propia investigación sobre los contratos firmados por el Ayuntamiento de Altafulla con la consultora Sinergia durante los años 2017–2019. Esta empresa está controlada por el exconsejero de Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena y el exlíder de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera. Los contratos se tramitaron como asesoría jurídica externa. Entre los investigados también figura el exrepresentante de la iniciativa Salvador Milà.
La situación de los contratos municipales en España es regularmente objeto de atención judicial y mediática. Las cuestiones sobre la transparencia y el control del gasto público se plantean no solo en las grandes ciudades, sino también en pequeños municipios. Por ejemplo, anteriormente en Madrid se discutió la responsabilidad de las autoridades en la seguridad escolar tras un incidente con un alumno herido, tema que se abordó detalladamente en el reportaje sobre el conflicto entre organismos municipales. Casos como este subrayan la importancia del control sobre las actuaciones de los órganos municipales y la transparencia en la distribución de los fondos.
A modo de referencia: el estatus de aforado del que goza Félix Alonso Cantorné como diputado implica que sus causas son instruidas únicamente por los tribunales superiores. En España, la práctica de adjudicar contratos menores se emplea frecuentemente para adquisiciones urgentes, aunque exige cumplir estrictamente los procedimientos para evitar abusos. En los últimos años, los tribunales han endurecido su postura al evaluar este tipo de casos, especialmente cuando se trata de esquemas recurrentes y cifras elevadas.
