El Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga al INSS a indemnizar a una funcionaria por no prevenir el estrés laboral. La sentencia destaca la falta de personal y la exposición a situaciones de violencia en la oficina de La Palma.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia inédita contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), obligando al organismo a indemnizar con 15.000 euros a una funcionaria de la oficina de Santa Cruz de La Palma. El fallo reconoce que la falta de personal y la sobrecarga de trabajo durante la pandemia vulneraron los derechos fundamentales de la empleada, al no garantizarse medidas reales de prevención de riesgos psicosociales.
La resolución revoca una decisión anterior que desestimaba la demanda y subraya que la exposición continuada a situaciones de tensión, agravadas por la reducción de atención presencial y el aumento de citas telefónicas, generó un entorno laboral insostenible. Según la sentencia, la Administración incumplió su deber de proteger la integridad física y moral de la trabajadora, quien denunció episodios de violencia en la puerta de la oficina y la imposibilidad de atender adecuadamente a los residentes de la isla.
La funcionaria, Iria Campelo, ocupaba el puesto de informadora gestora jefe en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de La Palma. Durante la pandemia, la plantilla se redujo a seis personas y la mayoría de las citas telefónicas eran solicitadas desde fuera de la isla, dejando a los vecinos locales sin acceso a los servicios. Ante la negativa de la dirección provincial de Tenerife a modificar el sistema, Campelo y otros empleados optaron por priorizar la atención presencial, lo que les costó expedientes disciplinarios y sanciones.
El tribunal rechaza el argumento de que la falta de recursos sea un problema estructural que exima a la Administración de su responsabilidad. El magistrado ponente, Ramón Toubes, señala que no basta con cumplir formalmente la normativa si no se adoptan medidas efectivas para prevenir y corregir los riesgos. La sentencia considera probado el daño psicológico sufrido por la trabajadora, compatible con el relato de sobrecarga y presión laboral.
Desde el INSS defienden que han actuado conforme a la normativa y han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. El organismo recuerda que en los últimos años se ha puesto en marcha un plan de refuerzo de plantillas, con la autorización de casi 9.500 nuevas plazas desde 2020 y mejoras en la estructura organizativa de las islas.
El caso de La Palma no es aislado. El TSJC tiene pendiente resolver una demanda similar presentada por otro empleado de la misma oficina. El abogado de la funcionaria, Isaac Guijarro, destaca que la sentencia sienta un precedente al reconocer la obligación de la Administración de garantizar condiciones laborales dignas, independientemente de la naturaleza del organismo.
Actualmente, la trabajadora sigue de baja y ha solicitado el traslado, alegando aislamiento y falta de apoyo tras la sentencia. La situación pone de relieve los desafíos que enfrentan los empleados públicos en contextos de recursos limitados y presión creciente, especialmente en territorios insulares.
En España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a todas las administraciones a proteger la salud física y mental de sus empleados. La pandemia evidenció carencias en la gestión de recursos humanos en numerosos servicios públicos, especialmente en oficinas de atención directa. El reconocimiento judicial de daños psicosociales puede impulsar cambios en la gestión de plantillas y en la aplicación de medidas preventivas en el sector público.
