El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena restituir nombres franquistas en cinco calles de Ciudad Real. La decisión anula cambios hechos en 2021 y reabre el debate sobre la aplicación de la ley de Memoria Histórica.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado que el Ayuntamiento de Ciudad Real debe restablecer los nombres franquistas en cinco calles, anulando así la modificación aprobada en 2021 bajo el mandato socialista. La sentencia, que responde a un recurso presentado por Luis Juan Blázquez, presidente provincial de Vox, afecta a vías cuyos nombres originales hacían referencia a figuras vinculadas al franquismo, pero que, según el tribunal, no participaron activamente en la sublevación militar ni en la represión de la dictadura.
La resolución judicial se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige un vínculo claro entre la persona homenajeada y la exaltación de la Guerra Civil o la dictadura para justificar la retirada de símbolos. En este caso, el TSJCM considera que no se ha acreditado una implicación relevante de los personajes en cuestión, por lo que ordena devolver los nombres de Pasaje Gutiérrez Ortega, calle José María Aparicio Arce, calle Gregorio Sánchez-Puerta, Plaza de Fernando Merry del Val y García Zapata, y grupo de viviendas Vicente Galiana.
El fallo mantiene, sin embargo, los cambios en otras cuatro calles cuyos nombres hacían referencia a batallas o lugares emblemáticos de la contienda, como Belchite, Brunete, Santa María de la Cabeza y Simancas. Para el tribunal, estas denominaciones sí suponen una exaltación de la Guerra Civil, lo que justifica su sustitución por nombres actuales como Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Sara Montiel y Miguel Ángel Blanco.
La decisión judicial ha reavivado el debate político en Ciudad Real. El Partido Popular, que gobierna en solitario tras romper con Vox en 2025, ha criticado la gestión de la exalcaldesa Pilar Zamora, acusándola de sectarismo. Zamora, ahora senadora por el PSOE, ha instado al actual alcalde y al PP provincial a recurrir la sentencia, defendiendo que homenajear a quienes lucharon por la democracia no puede considerarse una acción partidista.
Desde el ámbito académico, Isidro Sánchez, historiador y exmiembro de la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real, ha subrayado la vinculación de los personajes restituidos con la primera etapa del franquismo, especialmente con el falangismo más radical. Sánchez considera que la sentencia supone un retroceso y una vuelta al pasado, aunque evita pronunciarse sobre los aspectos jurídicos del fallo.
El tribunal también ha señalado que la mera inclusión de referencias biográficas o la pertenencia a partidos o cargos del régimen no es suficiente para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Según la Sala, la retirada de nombres debe basarse en hechos objetivos y probados, y recuerda que el Supremo ya aplicó este criterio en casos como la restitución de placas a Largo Caballero e Indalecio Prieto en Madrid, tras un acuerdo político para su retirada. Este enfoque judicial ha generado controversia en otros procesos recientes, como la reducción de penas en casos de corrupción, donde el debate sobre la interpretación de la ley sigue abierto, tal como se analizó en un reciente fallo del Supremo sobre la suspensión de condena a Aldama.
La Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real, formada en 2016 por expertos y representantes políticos, había recomendado el cambio de estas calles por el pasado franquista de sus protagonistas. Entre ellos, José Gutiérrez Ortega fue director de medios afines al régimen y recibió condecoraciones, mientras que Vicente Galiana Utrilla fue considerado una figura propagandística del franquismo manchego. Sin embargo, el TSJCM insiste en que no se ha demostrado una participación activa en la sublevación o la represión, por lo que la restitución de los nombres debe ejecutarse.
En el contexto nacional, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha generado resoluciones dispares en distintos tribunales, reflejando la complejidad de determinar qué símbolos o nombres deben ser retirados del espacio público. La sentencia de Ciudad Real añade un nuevo capítulo a este debate, que sigue dividiendo a partidos y sociedad sobre cómo gestionar el legado de la dictadura en la vida cotidiana y en la memoria colectiva.
