Las autoridades de Cataluña proponen un plus por renunciar al teletrabajo a los funcionarios. En Cataluña, los funcionarios podrían recibir hasta 200 euros mensuales por renunciar completamente al teletrabajo. La medida se debate en el contexto de la transición a la semana laboral de 35 horas. La propuesta ha generado controversia entre sindicatos y autoridades.
En Cataluña se discute una nueva iniciativa: el gobierno regional está dispuesto a pagar a los empleados públicos entre 90 y 200 euros al mes si renuncian completamente al derecho al teletrabajo. Esta medida forma parte de las negociaciones sobre la implantación de la semana laboral de 35 horas y tiene como objetivo reforzar la presencia de los trabajadores en las oficinas.
Actualmente, en el sistema de la Generalitat trabajan unas 300.000 personas, de las cuales más de 15.000 tienen permiso para trabajar a distancia. Las autoridades resaltan que los detalles del pago aún se están negociando y la decisión final se tomará tras consultar con los sindicatos. Ya se ha celebrado una segunda reunión sobre el tema y la próxima está fijada para el 1 de julio. Sin embargo, la propuesta ya ha generado desacuerdos: IAC CATAC se opone firmemente, mientras que UGT y CC OO están dispuestos a estudiarla bajo ciertas condiciones.
La cuestión del teletrabajo para empleados públicos en Cataluña está regulada desde 2020, cuando se aprobó el decreto correspondiente. Tras la pandemia, el formato a distancia se volvió habitual para muchos trabajadores y las autoridades no revocaron este derecho. Sin embargo, el actual gobierno encabezado por Salvador Illa considera que el teletrabajo reduce la eficacia administrativa y presiona para que los empleados regresen a las oficinas. En enero de 2025 ya se eliminó el régimen de teletrabajo para altos cargos, lo que provocó malestar y demandas judiciales.
El complemento previsto, conocido provisionalmente como «complemento por presencia operativa», se concederá solo a quienes renuncien voluntariamente a los dos días semanales de teletrabajo establecidos por ley. Aún no se ha decidido si el importe dependerá del puesto o si lo recibirán quienes ya trabajan únicamente en la oficina. Representantes del Gobierno enfatizan que las negociaciones se encuentran en una fase inicial y todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
Los sindicatos están divididos. IAC CATAC considera que el nuevo complemento vulnera el principio de igual salario por igual trabajo y podría generar discriminación por lugar de residencia o género. La organización recuerda que muchos empleados se mudaron desde grandes ciudades confiando en la posibilidad de trabajar desde casa, y ahora se verán en desventaja. Además, el sindicato advierte sobre los problemas de transporte y la posibilidad de protestas en otoño si no se alcanza un compromiso.
UGT y CC OO adoptan una postura más flexible: están dispuestos a apoyar el complemento si lo reciben todos los que trabajan en la oficina, incluidos quienes no tienen derecho al teletrabajo. Representantes de CC OO subrayan que para ellos es fundamental la voluntariedad en la renuncia al trabajo a distancia. Si la medida se impone desde arriba, los sindicatos se opondrán.
Paralelamente, se están discutiendo otros cambios: las autoridades proponen eliminar las 25 horas de horario flexible, introducidas en 2012 como compensación por la reducción del tiempo personal, así como restablecer los vales de comida. Sin embargo, los sindicatos temen que esto afecte negativamente al equilibrio entre la vida laboral y personal.
El tema de la remuneración de los empleados públicos sigue siendo delicado: recientemente, el sindicato CC OO exigió fijar un salario mínimo para los trabajadores de la administración en 1 500 euros, organizando una protesta ante el Ministerio de Hacienda en Madrid (más detalles sobre las reivindicaciones sindicales). Las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales y la remuneración cobran cada vez más importancia en el contexto de las reformas en el sector público.
A modo de referencia: en España, la transición a la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos ya se ha implementado a nivel nacional, aunque las comunidades autónomas pueden establecer condiciones adicionales. En Cataluña, la proporción de trabajadores en modalidad de teletrabajo sigue siendo una de las más altas del país. Las decisiones que se tomen ahora pueden influir en la práctica laboral de otras autonomías y establecer un nuevo estándar para todo el sistema de administración pública.
