La Fiscalía exige interrogar a un exfuncionario de Valencia por el caso de la filtración del audio sobre la catástrofe. La Fiscalía de Valencia insiste en interrogar al exvicesecretario de Justicia en la causa por la filtración de una grabación de audio sobre la tormenta. El archivo, recortado y difundido en los medios, desató un escándalo en torno a la actuación de las autoridades.
La Fiscalía de Valencia ha solicitado interrogar al exvicesecretario de la Consejería de Justicia regional, Ricardo García, en el marco de la investigación sobre la filtración de una grabación de audio relacionada con la trágica tormenta del 29 de octubre de 2024. En aquella ocasión, en la provincia de Valencia fallecieron 230 personas. La investigación está a cargo del juzgado de Llíria y trata sobre una conversación telefónica entre una empleada de Aemet y un operador del servicio 112, que fue difundida a los medios de comunicación de forma recortada y distorsionada.
Según la Fiscalía, fue Ricardo García quien recibió el original de la grabación, que posteriormente llegó a manos de los periodistas. En la versión editada del audio parecía que el representante de Aemet subestimó el peligro del temporal, aunque la grabación completa incluía una advertencia sobre los riesgos para la segunda mitad del día. Ese mismo día, el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en las redes sociales información con ese fragmento de audio, lo que provocó una reacción pública y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
La Fiscalía apoyó la petición de los socialistas (PSPV-PSOE) para que García sea interrogado como sospechoso. En la documentación del caso se indica que el subdirector de emergencias, Jorge Suárez, confirmó que fue García quien recibió la grabación y que luego fue difundida, a pesar de su carácter reservado. También se supo que el exdirector de emergencias, Alberto Martín Moratilla, buscó la grabación por encargo de la dirección.
Según el testimonio de Suárez, García acudió personalmente al Centro de Coordinación de Emergencias, alegando urgencia y un encargo de la dirección de la Generalitat, y se llevó el archivo de audio en una memoria USB. Posteriormente, Martín Moratilla fue informado sobre la entrega de la grabación. Ambos funcionarios fueron destituidos: García en diciembre y Martín en enero.
El escándalo estalló después de que el 13 de febrero de 2025 los medios publicaran la versión completa de la conversación, luego de que el día anterior se hubiera difundido un fragmento recortado. En él, una empleada de Aemet supuestamente afirmaba que no iba a "molestar con nuevas alertas" y que el máximo de precipitaciones se desplazaría al norte y hacia el interior de la provincia. Sin embargo, la versión íntegra confirmaba: el peligro persistía y, tras las 15:00, la situación podía empeorar en las zonas norte de Valencia.
El peritaje técnico reveló que el sistema de almacenamiento de llamadas del Centro de Emergencias no registra quién y cuándo accede a las grabaciones. No obstante, según Suárez, copias de la conversación estaban en poder de García y Martín. Los socialistas insisten en que el interés por esta grabación concreta no fue casual, ya que fue la que llegó a los medios y se publicó en las cuentas de Carlos Mazón y la delegación regional del Partido Popular.
En España, escándalos similares por filtraciones y manipulaciones de información oficial no son infrecuentes. Por ejemplo, anteriormente Renfe demandó a Vito Quiles por fraude con billetes, lo que también generó resonancia pública y debate sobre la transparencia del funcionamiento de los organismos estatales.
Para referencia: Aemet es la agencia estatal de meteorología y el servicio 112 es el número principal de emergencias en España. En los últimos años, el país ha endurecido los requisitos para el manejo de información interna, especialmente después de grandes situaciones de emergencia. En estos casos, la fiscalía y los tribunales prestan especial atención a cómo y por qué los datos oficiales llegan a ser de dominio público.
