Compromís exige la suspensión de la financiación a los colegios que separan al alumnado por sexo. Las autoridades de Valencia se enfrentan a la demanda de Compromís para poner fin a la financiación de siete centros educativos que mantienen la segregación por sexo. Se trata de 72,6 millones de euros y la posibilidad de una batalla judicial.
En Valencia ha estallado un fuerte conflicto en torno a la financiación de siete colegios privados vinculados al Opus Dei. La coalición Compromís ha enviado una solicitud oficial a la consejería regional de Educación, exigiendo la cancelación inmediata de los conciertos públicos con estos centros. Según Compromís, aunque las escuelas cumplen formalmente la ley, continúan segregando al alumnado por sexo, lo que contraviene la normativa vigente.
Financiación y reclamaciones
Se trata de la prórroga, hasta 2031, de unos conciertos por los que se asignan 72,6 millones de euros del presupuesto público. Según datos de Compromís, los pagos anuales ascienden al menos a 12 millones de euros. Representantes de la coalición subrayan: mientras las autoridades declaran la falta de recursos para las escuelas públicas y la subida de salarios para el profesorado, se destinan sumas considerables a apoyar centros donde se mantiene la práctica de la educación segregada.
Detalles de la investigación
En la lista figuran los colegios Torrenova y Miralvent en la provincia de Castellón, Vedat, Vilavella y Guadalaviar en Valencia, así como Aitana y Altozano en Alicante. Según datos oficiales, estos siete centros cuentan con 4.347 alumnos, de los cuales 3.951 siguen escolarizados en condiciones de segregación por sexo, lo que supone un 91% del total. Compromís asegura que, aunque los colegios aceptan formalmente a estudiantes de ambos sexos, en la práctica se generan condiciones que obligan a las familias a trasladar a los niños cuando su sexo no se ajusta a la política interna del centro.
Reacción de las autoridades y aspectos jurídicos
Desde Compromís han declarado que, si no se revoca la financiación, acudirán a los tribunales, ya que consideran que la situación vulnera la ley. La coalición también señala que la investigación comenzó tras la denuncia de una familia que sufrió presiones por parte de uno de los colegios. Según el diputado Gerard Fullana, seis de los siete centros educativos pertenecen a la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza, vinculada al Opus Dei. En algunos casos, según datos de Compromís, la segregación alcanza al 100% del alumnado.
La postura de la conselleria de Educación
La consellera autonómica de Educación, Carmen Ortí, insiste en que la ley prohíbe rechazar la admisión por razón de sexo y que el sistema de acceso en la Comunidad Valenciana garantiza la igualdad de oportunidades para todas las familias. Según afirma, el proceso de solicitud es completamente electrónico y, si la familia cumple los criterios, el menor obtiene plaza en el colegio elegido. Ortí subraya que los derechos de las familias están garantizados.
Contexto y repercusión social
La financiación de los colegios privados con educación segregada ha generado un amplio debate público en la Comunidad Valenciana. La cuestión sobre el reparto de fondos públicos y las prioridades educativas ha sido motivo de enfrentamiento recurrente entre fuerzas políticas. Conflictos similares sobre la distribución de recursos estatales en España ya se han producido en otros ámbitos —como el del alquiler de vivienda, donde los diputados de Junts estuvieron en el centro de la polémica tras una votación, un asunto analizado en el reportaje sobre el conflicto en el Congreso en torno al alquiler.
