El calendario político da un vuelco. El 11 de noviembre, a solo 18 días de las elecciones y antes de que arranque la campaña, los principales sindicatos han llamado a una huelga general por la crisis de acceso a la vivienda. CCOO y UGT han confirmado un paro nacional de 24 horas. CIG en Galicia, ELA y LAB en el País Vasco, junto a otros sindicatos y colectivos de vivienda, también se suman. La protesta se extiende por todo el país.
La fecha elegida, en plena precampaña, ha desatado polémica. CEOE y Cepyme, las patronales, tachan la huelga de "inadmisible". Dicen que las demandas no son solo laborales y que el coste lo pagan empresas y trabajadores. Acusan a los sindicatos de querer presionar al Gobierno por su política de vivienda. Otros sindicatos como CSIF, USO y FETICO han decidido no participar. Consideran la protesta política y se han desmarcado públicamente.
La convocatoria fue acordada por CCOO y UGT el 5 de octubre, en coordinación con colectivos de inquilinos y otras organizaciones sociales, antes de fijar la fecha definitiva.
El Partido Popular y Vox han cargado contra los sindicatos. Les acusan de usar el conflicto para sus propios fines. Pedro Sánchez, desde el Gobierno, ha mantenido un tono institucional. Recuerda que el derecho a la huelga está en la Constitución y que la vivienda afecta a millones de familias trabajadoras. El Gobierno insiste, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE, en que la vivienda es un derecho fundamental y que la protesta debe seguir el marco democrático.
La última vez que CCOO y UGT apoyaron una huelga general fue en noviembre de 2012, en plena ola de recortes tras la Gran Recesión. Aquella protesta también se vivió en Italia, Portugal, Chipre y Malta. Ese mismo año, en marzo, los sindicatos salieron a la calle contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, que abarató el despido. Ahora, la movilización llega cuando el derecho a la vivienda se une a la exigencia de salarios dignos y protección social, como recuerdan los sindicatos gallegos y vascos.
España ha vivido huelgas generales clave: diciembre de 1988 con Felipe González, mayo de 1992, enero de 1994, junio de 2002 bajo José María Aznar y septiembre de 2010 frente a los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero. La de noviembre será la novena gran huelga nacional apoyada por CCOO y UGT, y la primera donde la vivienda es el eje central, no solo las condiciones laborales.
El detonante inmediato de la protesta fue el desalojo de Maricúrmen, que llevó a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de Madrid, convirtiéndose en símbolo de la crisis de los desahucios y la inaccesibilidad de la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas aún no ha comunicado su postura definitiva. Lo hará en las próximas horas. Su decisión puede aumentar la tensión en un escenario ya marcado por la división sindical y la presión política. Según CIG, entre las demandas también están subir el salario mínimo, reforzar la protección social y mejorar los servicios públicos. Así, la protesta va más allá del acceso a la vivienda.
El contexto no es casual. El mercado inmobiliario español lleva años bajo presión. Los precios de alquiler y compra están fuera del alcance de muchos. La vivienda se ha convertido en el centro de la pelea política. Ya se vio cuando el Congreso tumbó los decretos de vivienda y se aceleró el calendario electoral, como informó espanol.news.
La huelga general por la vivienda no solo desafía al Gobierno. Obliga a todos los actores políticos y sociales a tomar posición ante un problema que ya no es coyuntural, sino estructural. Que los grandes sindicatos vuelvan al paro nacional muestra el tamaño del malestar y la falta de soluciones reales. Si la presión sindical cambia o no la agenda política dependerá de la respuesta de las instituciones y de la fuerza de la movilización en la calle. Lo que sí está claro es que la vivienda se ha convertido en el campo de batalla central de la política española en 2026.
