En Madrid endurecen las normas para tarjetas de transporte: sin empadronamiento no se puede obtener. A partir del 10 de junio, en Madrid solo se podrá obtener la tarjeta de transporte si se dispone de empadronamiento. El nuevo requisito afectará a unas 200.000 personas, incluidos estudiantes y migrantes. Las autoridades explican la medida como una protección de las subvenciones.
Las autoridades de Madrid han introducido la obligación de residencia empadronada para poder solicitar la tarjeta de transporte regional. A partir del 10 de junio, solo podrán obtener o renovar el abono quienes estén oficialmente registrados en la capital, algunos municipios de la región o en varias ciudades de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Esta medida afecta no solo a extranjeros sin papeles, sino también a estudiantes de otras regiones y países, así como a trabajadores que residen fuera de Madrid. Según cálculos de la administración, las nuevas normas afectan a unos 200 mil usuarios, lo que representa el 3,4% del total de titulares de tarjetas.
Anteriormente, para obtener la tarjeta de transporte bastaba con presentar el pasaporte, DNI o permiso de residencia, indicar la dirección de entrega y pagar cuatro euros. Ahora se exige además un documento obligatorio que acredite el empadronamiento. Las autoridades justifican este endurecimiento en el hecho de que el sistema de transporte público está altamente subvencionado y que solo deben beneficiarse de las ayudas quienes pagan impuestos en la región. Se ha hecho una excepción temporal únicamente para las familias numerosas, que por el momento no tienen que acreditar el empadronamiento debido a limitaciones técnicas.
El nuevo requisito surge en medio de un fuerte aumento de solicitudes de migrantes en las oficinas del consorcio de transportes. En primavera, las colas crecieron porque muchos extranjeros en situación irregular utilizaban la tarjeta de transporte como prueba de residencia en el proceso de regularización iniciado por el gobierno central. Ahora, según varios expertos, el acceso a la tarjeta de transporte para este grupo será prácticamente imposible.
También podrían enfrentar dificultades los estudiantes que llegan a Madrid desde otras regiones o países. Tendrán que pasar por el trámite de empadronamiento, que en la capital lleva tiempo asociado a barreras burocráticas: falta de citas libres, negativas por parte de los propietarios e incluso aparición de un mercado ilegal de empadronamientos. En redes sociales se ofrecen activamente servicios para acelerar el registro por 50 a 300 euros, convirtiendo así un procedimiento gratuito en una fuente de ingresos para intermediarios.
Las organizaciones sociales advierten que las nuevas normas aumentan la desigualdad social. Señalan que muchas personas con documentos legales no pueden empadronarse por trabas formales, y la falta de registro se convierte en una barrera no solo para el acceso al transporte, sino también a los servicios médicos y educativos. Los expertos destacan que el requisito de empadronamiento para la tarjeta de transporte es parte de una tendencia más amplia hacia el endurecimiento del acceso a los derechos sociales para migrantes y recién llegados.
Las autoridades de Madrid subrayan que formalmente el requisito de empadronamiento fue aprobado ya en 2011, pero su implementación se había pospuesto debido a dificultades técnicas y a la pandemia. Ahora, según sus declaraciones, el sistema está listo para la transición completa a las nuevas normas. A principios de año, se intentó introducir un requisito similar para obtener el carné de biblioteca, pero tras las críticas fue suavizado.
Según los datos del ayuntamiento, a comienzos de año en Madrid estaban registrados más de 3,5 millones de habitantes y, en el último año, el número de empadronados aumentó en 67 mil. Sin embargo, la cifra real de residentes es mayor, ya que muchos inquilinos no pueden registrarse debido a la negativa de los propietarios. Esto crea una presión adicional sobre el mercado de alquiler y contribuye al desarrollo de esquemas informales.
La cuestión del acceso a la infraestructura de transporte y el endurecimiento de las normas para determinadas categorías de ciudadanos cobra cada vez más relevancia en el contexto de otros cambios en la política de transporte de España. Por ejemplo, recientemente en Cataluña se endurecieron las sanciones por daños a trenes e infraestructuras — las sanciones máximas aumentaron hasta 900 000 euros, lo que también ha generado debate sobre el equilibrio entre el control y la accesibilidad de los servicios.
Contexto: la tarjeta de transporte de Madrid es una herramienta clave para moverse por la ciudad y la comunidad, especialmente para estudiantes, trabajadores y migrantes. La introducción de la obligación de empadronamiento puede reducir la movilidad de los grupos vulnerables y aumentar la segregación social. En España, el empadronamiento es el documento principal para acceder a la mayoría de los servicios públicos, incluidos la sanidad, la educación y la asistencia social. Se estima que, en las grandes ciudades, hasta un 10% de los habitantes pueden vivir sin registro oficial, lo que complica su situación.
