El viaje del president valenciano a la final del Mundial en Nueva Jersey desata críticas. La oposición reclama facturas y transparencia. El PP insiste en que no hubo coste para las arcas públicas.
La presencia de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, en la final del Mundial de fútbol en Nueva Jersey ha provocado una fuerte controversia política en la Comunidad Valenciana. El desplazamiento, realizado junto a su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, ha sido cuestionado por los partidos de la oposición, que exigen conocer quién asumió los gastos y cómo se obtuvo la entrada para el evento, valorada en 24.000 dólares.
PSPV-PSOE y Compromís han registrado solicitudes formales para acceder a la documentación del viaje. Ambos grupos consideran que la invitación de la Real Federación Española de Fútbol a Pérez Llorca contradice la versión de que se trató de un viaje privado. Insisten en que la condición de president fue determinante para acceder a la entrada, mientras que los gastos de desplazamiento y alojamiento, según Presidencia, fueron abonados personalmente por los asistentes.
El Partido Popular ha reiterado que el viaje no supuso ningún coste para los valencianos. El portavoz Fernando Pastor defendió que ni la Generalitat ni ninguna empresa vinculada sufragaron los gastos, y comparó la situación con desplazamientos anteriores de otros cargos públicos, cuyos costes sí recayeron en fondos públicos. Pastor subrayó que la entrada fue cortesía de la Federación, como ocurrió con otras personalidades, y que el resto de los gastos corrieron a cargo de los propios asistentes.
Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación, también ha respondido a las acusaciones, asegurando que asumió personalmente todos los gastos de viaje y alojamiento. Además, rechazó cualquier insinuación sobre la posible financiación por parte de empresas con vínculos familiares, advirtiendo que se reserva acciones legales ante afirmaciones que considera falsas.
La Federación Española de Fútbol confirmó que tanto Pérez Llorca como Ordaz se interesaron inicialmente por comprar las entradas, pero finalmente recibieron invitaciones, como otros políticos y periodistas, sin distinción ideológica. No consta que otros presidentes autonómicos asistieran a la final, donde las entradas alcanzaron precios muy elevados. La delegación oficial del Gobierno central estuvo encabezada por Pedro Sánchez y tres ministros.
El debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en este tipo de desplazamientos no es nuevo en España. En ocasiones anteriores, la gestión de gastos en eventos deportivos ha generado polémica, como ocurrió tras la celebración del triunfo de España en el Mundial, cuando el centro de Madrid quedó cubierto de residuos tras la fiesta, lo que también suscitó críticas sobre la organización y el coste para la ciudad.
Por su parte, Vox ha aprovechado la situación para recordar sus propuestas de recorte presupuestario y priorización de recursos en la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, la oposición advierte que, si detecta alguna irregularidad en la financiación del viaje, acudirá a la justicia. El caso pone de relieve la sensibilidad política en torno al uso de fondos públicos y la necesidad de transparencia en los desplazamientos de altos cargos, especialmente en eventos de alto perfil internacional.
En España, la asistencia de representantes institucionales a grandes eventos deportivos suele estar regulada por estrictos protocolos y justificaciones presupuestarias. La Real Federación Española de Fútbol, como entidad privada afiliada a la FIFA, tiene autonomía para invitar a personalidades, pero la percepción pública sobre el uso de estos privilegios sigue siendo motivo de debate. La polémica en torno al viaje de Pérez Llorca refleja la creciente exigencia de rendición de cuentas en la gestión pública y la atención mediática sobre cualquier posible beneficio institucional no justificado.
