La última sesión de control en el Congreso estuvo marcada por la presión de Alberto Núñez Feijóo sobre Pedro Sánchez, que evitó responder a las preguntas clave sobre la crisis migratoria en Ceuta. El líder del PP pidió explicaciones concretas sobre los contactos del presidente con Marruecos tras la entrada irregular de al menos 72.000 personas en la ciudad autónoma. Documentos recientes del Parlamento Europeo elevan la cifra a cerca de 80.000 migrantes que cruzaron desde Marruecos el 30 de julio, lo que agrava la percepción de la magnitud del problema.
Feijóo fue directo y planteó cuatro preguntas: cuándo fue la última vez que Sánchez habló con autoridades marroquíes, cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio, qué ha preguntado y qué respuestas ha recibido. Marruecos, según lo expuesto en el Parlamento Europeo, mantiene su disposición a recibir a los migrantes, pero la falta de avances concretos alimenta la tensión política en España. Las estimaciones locales indican que aún permanecen en Ceuta entre 10.000 y 13.000 personas, entre adultos y menores, lo que mantiene la presión sobre las autoridades.
El 13 de septiembre, el Ministerio del Interior informó que más de 5.300 migrantes ya habían regresado a Marruecos en el último mes, y cerca de 100 retiraron sus solicitudes de asilo.
Ministerio del Interior de España
Sánchez evitó entrar en detalles sobre la gestión de la crisis en Ceuta y acusó al PP de obstaculizar soluciones, señalando sus iniciativas en la Eurocámara para suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. En vez de responder al fondo del asunto, desvió el foco hacia la situación macroeconómica del país y la imagen internacional de España, lo que provocó la indignación de la bancada popular.
El enfrentamiento subió de tono cuando Feijóo calificó de vergonzoso el silencio del presidente y denunció que el Gobierno estaba dañando la imagen exterior de España. Sánchez, aprovechando que Feijóo no podía replicar, llevó el debate a la 'ley de nietos' y criticó la postura de la oposición tras la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por el Tribunal Supremo. Acusó al PP y a Vox de querer restringir derechos democráticos y defendió la legalidad de la medida.
El análisis del Parlamento Europeo subraya que la crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto debilidades estructurales en la política migratoria y de gestión de fronteras de la Unión Europea, y que la desinformación amplificó el impacto del flujo migratorio.
Centro de Estudios del Parlamento Europeo, Órgano de análisis institucional
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, también fue interrogado por diputados del PP sobre la falta de reacción ante los avisos del CNI y la ausencia de un plan claro para la devolución de los migrantes. Cuerpo retó al PP a apoyar el real decreto ley con ayudas económicas para Ceuta, que se debatía ese mismo día en la Cámara Baja.
Al salir del hemiciclo, Sánchez fue preguntado por periodistas sobre el futuro de los menores migrantes en Ceuta, pero remitió la cuestión al presidente local, Juan Jesús Vivas, sin dar más detalles.
Los ministros de Exteriores e Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, defendieron la actuación del Ejecutivo. Albares negó cualquier cesión ante Rabat y aseguró haber exigido a Marruecos el control de la frontera. Marlaska insistió en que los informes de inteligencia no anticiparon la magnitud de la crisis, pese a las contradicciones con Defensa y las críticas de la oposición, que cuestionó su continuidad en el cargo.
Pepa Millán, portavoz de Vox, acusó al Gobierno de no querer devolver la normalidad a Ceuta y de descalificar a los jueces del Supremo, mientras Bolaños intentó poner en aprietos a la derecha por su falta de apoyo a las ayudas para la ciudad autónoma.
El debate sobre la gestión de Ceuta llega en un contexto de presión política y social, con la ciudad aún afrontando la presencia de miles de migrantes y sin soluciones claras a la vista. La situación recuerda a otras crisis recientes en España, donde la respuesta institucional ha sido objeto de escrutinio, como ocurrió tras los terremotos en Granada, según reportó espanol.news.
La sesión dejó clara la falta de respuestas concretas del Gobierno sobre la coordinación con Marruecos y la gestión de la crisis en Ceuta. El Ejecutivo priorizó el debate sobre la 'ley de nietos' y la macroeconomía, mientras la oposición centró sus críticas en la ausencia de transparencia y la falta de un plan efectivo para la ciudad autónoma. La tensión política sigue, y la resolución del problema migratorio en Ceuta no avanza, lo que muestra la dificultad del Gobierno para ofrecer soluciones claras ante un reto de esta magnitud. Según datos de la agencia EFE, el proceso de retorno y gestión migratoria sigue siendo uno de los principales retos para el Ejecutivo.
