Alberto Núñez Feijóo propone que los trabajadores cobren menos durante la incapacidad temporal. Su postura desata críticas de sindicatos y Gobierno en pleno aumento de las bajas laborales y el gasto asociado.
El debate sobre el coste de las bajas laborales en España se intensifica tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP defendió que los empleados no perciban el mismo salario durante los periodos de incapacidad temporal, cuestionando los complementos salariales pactados en convenios. Feijóo calificó el aumento del absentismo como un “cáncer” para la economía y advirtió que, de llegar al Gobierno, impulsaría una reforma de la normativa, incluso sin acuerdo con sindicatos y patronal.
Las cifras oficiales muestran que el gasto público en incapacidad temporal alcanzó los 18.400 millones de euros en 2025, situándose como la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo superada por las pensiones. Las empresas, por su parte, asumieron unos 17.000 millones, según la CEOE. El propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha presionado para que se revisen los convenios y se traslade parte del coste a la Seguridad Social, reclamando cambios normativos para frenar el incremento de las ausencias laborales.
Feijóo, durante un acto en el Círculo de Empresarios Vascos, insistió en que el actual nivel de absentismo es insostenible y que España no puede permitirse destinar más de 30.000 millones de euros a este concepto. Recordó su experiencia al frente del Insalud y Correos, donde, según relató, logró reducir el absentismo a la mitad. El líder popular considera que todo porcentaje superior al 4% o 5% puede esconder fraude y que la situación actual, con 1,2 millones de personas de baja médica diaria, exige una respuesta urgente.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno, Pedro Sánchez criticó en la red social X la propuesta de Feijóo, subrayando la necesidad de proteger a quienes enferman. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, calificó en Bluesky de inaceptable la idea de recortar la protección a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Los sindicatos UGT y CC OO también rechazaron frontalmente la equiparación entre incapacidad temporal y absentismo, acusando a Feijóo de desconocer los derechos laborales y de poner en duda la legitimidad de las bajas médicas.
Actualmente, la normativa establece que, salvo complemento de convenio, los tres primeros días de baja no se cobran, del cuarto al vigésimo se percibe el 40% de la base reguladora y a partir del día 21, el 75%. En las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional, la reducción salarial se aplica desde el primer día. Las empresas asumen el coste de los primeros 15 días en caso de enfermedad común, mientras que la Seguridad Social cubre las bajas profesionales y las de autónomos desde el cuarto día.
El aumento de las bajas laborales es un fenómeno sostenido desde 2012. En 2025, la prevalencia media de procesos por contingencias comunes alcanzó los 53,7 por cada 1.000 asalariados, frente a los 19,1 de 2012. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) identifica como causas principales la falta de supervisión, la mejora de los convenios, el ciclo económico, la presión sobre la atención primaria y el aumento de las listas de espera. Los sindicatos insisten en reforzar la sanidad pública para evitar bajas prolongadas por demoras en la atención.
El debate sobre el absentismo y el coste de las bajas laborales se produce en un contexto de tensión entre Gobierno, patronal y sindicatos, sin avances en la mesa de diálogo social. Mientras tanto, la presión sobre el sistema público y las empresas sigue creciendo. En este escenario, la discusión sobre el modelo de protección social y el equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad financiera se mantiene abierta. Temas similares sobre la gestión de recursos públicos y el impacto en los trabajadores han sido abordados recientemente, como en el caso de la inversión catalana en infraestructuras digitales, que busca reducir la dependencia externa y optimizar el gasto, según se detalla en el análisis sobre el nuevo cloud público catalán.
En resumen, la propuesta de Feijóo reaviva el debate sobre el equilibrio entre protección social y control del gasto, en un momento en que las bajas laborales y su coste alcanzan máximos históricos en España.
