La Fiscalía Antidroga ordena a Guardia Civil y Policía Nacional registrar minuciosamente los ataques de narcolanchas. El objetivo es poder imputar delitos de piratería incluso en aguas españolas. El Supremo respalda esta vía.
La Fiscalía Antidroga ha dado un giro en la lucha contra el tráfico marítimo de drogas en España. Rosa Ana Morán, máxima responsable de la Fiscalía Antidroga, ha remitido una instrucción a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que documenten con el máximo detalle cualquier acto violento, intimidatorio o de ataque protagonizado por ocupantes de narcolanchas, incluso si estos hechos ocurren en aguas bajo soberanía española.
Hasta ahora, el delito de piratería se aplicaba casi exclusivamente a incidentes en aguas internacionales. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que este tipo penal se utilice también en el ámbito nacional. Por ello, la Fiscalía pide que en todos los atestados, informes y comunicaciones remitidos a la Fiscalía Especial Antidroga, se recojan de forma expresa y detallada los episodios de violencia o acometimiento, directos o indirectos, cometidos por los tripulantes de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, ya sean semirrígidas, veleros u otros tipos de barcos, estén prohibidos o no.
La instrucción subraya la importancia de dejar constancia de estos hechos, especialmente cuando los ataques se dirigen contra embarcaciones oficiales o sus ocupantes, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de Vigilancia Aduanera, en el ejercicio de sus funciones. Se recomienda adjuntar pruebas como fotografías, grabaciones u otros medios que permitan al fiscal valorar la existencia de indicios suficientes para imputar, junto a otros delitos, el de piratería.
Morán recuerda que el delito de piratería fue incorporado al Código Penal español en 2010 para responder a los compromisos internacionales y a la necesidad de proteger la seguridad de la navegación marítima y aérea. Según la Fiscalía, este tipo penal no exige que los actos violentos tengan fines lucrativos o particulares, como ocurría tradicionalmente, sino que basta con que amenacen gravemente la seguridad de la navegación.
La interpretación de la Fiscalía, respaldada por el Supremo tras revocar una absolución previa de la Audiencia Nacional, permite aplicar el delito de piratería a conductas violentas cometidas con narcolanchas u otras embarcaciones, incluso si los hechos se producen en aguas españolas. Basta con que la violencia se proyecte sobre una embarcación o las personas a bordo, comprometiendo la seguridad marítima.
Aunque la instrucción se centra en delitos cometidos en aguas internacionales, la Fiscalía considera necesario ampliar estas directrices a incidentes similares en cualquier espacio marítimo bajo jurisdicción española. El Código Penal español, al igual que legislaciones de países como Canadá o Australia, no limita la protección de la seguridad marítima solo a aguas internacionales, sino que la extiende a todo el mar, sin distinción de espacios.
La Fiscalía Antidroga argumenta que la ubicación del delito de piratería en el capítulo de delitos contra la comunidad internacional no debe ser un obstáculo, ya que lo relevante es el bien jurídico protegido y la trascendencia de la conducta, no el lugar exacto donde se comete el delito.
Esta medida responde al aumento de episodios violentos protagonizados por narcolanchas en los últimos años, tanto en aguas internacionales como nacionales, contra agentes de seguridad y funcionarios de vigilancia aduanera. La Fiscalía denuncia que la respuesta penal hasta ahora ha sido insuficiente para frenar el incremento de estos ataques, que ponen en riesgo la seguridad de la navegación y la integridad física de los afectados.
En el contexto de la justicia española, la colaboración entre cuerpos policiales y la Fiscalía ha sido objeto de atención en otros casos recientes, como la actuación judicial en la sede de EDA TV en Madrid, donde la policía acudió con una orden de detención, un episodio que también puso de relieve la importancia de la documentación precisa de los hechos (más detalles sobre la intervención policial en medios).
El tráfico de drogas por vía marítima sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades españolas. Las narcolanchas, embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte ilícito, han protagonizado numerosos incidentes violentos en los últimos años. La nueva instrucción de la Fiscalía Antidroga busca reforzar la capacidad de respuesta penal y adaptar la legislación a la realidad de los delitos cometidos en el mar, alineándose con estándares internacionales y sentencias recientes del Tribunal Supremo. Esta medida podría marcar un antes y un después en la persecución de las redes de tráfico de drogas que operan en aguas españolas.
