El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha encajado un golpe duro. El Congreso tumbó los dos decretos clave para regular el mercado inmobiliario. La polémica creció con el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de El Retiro. Su caso se volvió símbolo de la crisis de vivienda y de la falta de respuesta del Gobierno.
El 2 de octubre de 2026, el Congreso rechazó los dos reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno presentó como urgentes. El primero tuvo 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo, 166 a favor y 184 en contra. Entre las medidas estaban la prórroga automática de contratos de alquiler, freno a desahucios de inquilinos vulnerables y límites a la compra de viviendas por fondos de inversión. Así lo recogen datos de la Agencia EFE y Europa Press.
Uno de los decretos de vivienda apenas estuvo en vigor poco más de 24 horas: fue aprobado por el Consejo de Ministros un martes, entró en vigor el jueves a medianoche y fue derogado por el Congreso el viernes.
La ministra vivió una rueda de prensa caótica. Faltaban documentos definitivos y ella misma admitió desorden interno. Buscaba papeles y reconocía estar superada. El foco mediático se puso en su gestión y en la presión de los socios de gobierno, tanto de la izquierda como de la derecha nacionalista. El llamado 'decreto maricarmen' acabó troceado y sin apoyos suficientes.
Rodríguez no dudó en llamar a la empresa dueña del piso de Abascal “pyme buitre, muy buitre, muy carroñera”. Sin embargo, Urbagestión ya había pactado con el Ayuntamiento de Madrid el regreso de la inquilina pagando un 30% de su pensión. El contraste saltó cuando se supo que la ministra tiene tres viviendas: dos al 50% y una en propiedad exclusiva. Son más que las que tiene la empresa señalada.
La carrera política de Isabel Rodríguez empezó pronto. Con 22 años, fue la senadora más joven de España en 2004. Ese año compró su primera vivienda en Puertollano, poco después de acabar Derecho, aunque nunca ejerció como abogada. Siguió en la administración autonómica y municipal. Fue portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y luego alcaldesa de Puertollano.
El acuerdo entre Maricarmen Abascal y Urbagestión se alcanzó antes del debate parlamentario, permitiendo a la inquilina regresar a su vivienda tras el alta hospitalaria y fijando el alquiler en un máximo del 30% de sus ingresos durante varios años.
Entre 2011 y 2019 fue diputada en el Congreso por Ciudad Real. En 2021, Pedro Sánchez la nombró ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, aunque ella nunca apoyó a Sánchez en las primarias del PSOE. Desde 2023, dirige Vivienda y Agenda Urbana y mantiene su escaño en el Congreso.
En lo personal, Rodríguez viene de una familia humilde de Abenójar. Su padre fue albañil, trabajó en el campo y luego llevó el bar familiar. Está casada con Iván Molinero Camacho, exempresario local y ahora gerente de Recursos Humanos en una multinacional de ingeniería. La ministra sigue muy unida a su pueblo natal, donde tiene una de sus casas y es vista como una vecina más.
Su patrimonio incluye una casa de 110 metros cuadrados en Puertollano, otra de 187 metros en Abenójar y una tercera vivienda en la provincia de Ciudad Real, esta última en propiedad exclusiva. Declara ingresos por alquileres y mantiene tres hipotecas activas. También tiene dos coches, comprados en 2006 y 2011.
El Gobierno ha tenido el peor resultado en vivienda protegida desde 1981, según datos del propio Ministerio y recogidos por Electomanía. Entre 2018 y 2025 solo se entregaron 78.735 viviendas protegidas, el 3,2% del total construido en los últimos 40 años. La media anual bajo Pedro Sánchez es de 9.842 viviendas, muy por debajo de gobiernos anteriores.
En este contexto, la gestión de Isabel Rodríguez queda bajo lupa. El rechazo de los decretos y la exposición de su patrimonio han aumentado la presión. Según fuentes políticas, la ministra ha ocupado cargos de alta visibilidad, pero siempre en puestos protegidos y sin asumir riesgos reales. Su paso por la alcaldía de Puertollano fue breve. En Madrid, la exigencia política es mucho mayor.
El fracaso de los decretos y el caso de Maricarmen Abascal reabren el debate sobre la eficacia de las políticas de vivienda y la coherencia de quienes las dirigen. La comparación con etapas de Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero es inevitable, sobre todo cuando la vivienda protegida entregada está en mínimos históricos. Como se contó en otro momento clave, la presión sobre el Ejecutivo para dar soluciones reales en vivienda no deja de crecer. La gestión de Isabel Rodríguez, marcada por la acumulación de patrimonio y la falta de resultados claros, muestra el reto estructural que tiene el Gobierno en un área clave para millones de españoles.
El Gobierno presentó los decretos como medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda, ampliar el parque disponible y asegurar la estabilidad de los contratos de alquiler, según el comunicado de Moncloa.
