La justicia investiga si hubo trampas electrónicas en oposiciones de la Seguridad Social en A Coruña. Los señalados ya han tomado posesión, generando indignación y demandas de suspensión temporal.
La polémica por las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social celebradas en septiembre en A Coruña ha escalado a los tribunales. Un juzgado de la ciudad investiga si una treintena de aspirantes aprobó gracias al uso de dispositivos electrónicos para recibir respuestas durante el examen. La sospecha se centra en el hecho de que, entre 23.000 candidatos de toda España, las 34 mejores notas en la parte teórica se concentraron en la sede coruñesa.
La investigación, abierta en mayo y aún en fase inicial, ha sido declarada secreta. Por ahora, la jueza no ha citado a ningún investigado, pero la causa involucra denuncias de opositores, la Fiscalía y el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A pesar de las dudas, el proceso selectivo no se ha paralizado y los señalados ya han sido nombrados funcionarios, lo que ha provocado indignación entre quienes consideran que deberían ser apartados temporalmente hasta aclarar los hechos.
Según las denuncias, algunos aprobados habrían utilizado pinganillos o gafas digitales para recibir las respuestas. Entre los casos que han llamado la atención figura el de dos hermanos que obtuvieron exactamente la misma puntuación y fallaron las mismas preguntas, así como empleados de un bar de Pontevedra y una amiga que lograron idénticas calificaciones. En total, en A Coruña se registraron siete exámenes con pleno de aciertos en la parte teórica y la mitad de las 50 mejores notas del país.
El Ministerio reconoce la existencia de resultados anómalos en la sede gallega, aunque argumenta que la normativa no permite suspender el proceso sin pruebas concluyentes de fraude. Una investigación interna descartó irregularidades por parte del personal de la Administración, pero sí detectó una desviación estadística atípica en los resultados. El asunto fue remitido a la Fiscalía para su análisis.
Mientras tanto, al menos cuatro recursos contencioso-administrativos han sido presentados y el Ministerio ha anunciado un refuerzo de los controles en futuras pruebas. En los exámenes más recientes de la Seguridad Social se han endurecido las medidas: ya no se permite el acceso con móviles ni auriculares, a diferencia de la convocatoria bajo sospecha.
Algunos de los opositores que lograron la máxima puntuación en A Coruña han renunciado a presentar la documentación necesaria para tomar posesión, lo que para los denunciantes es otro indicio de posibles irregularidades. El ambiente en las oficinas donde han comenzado a trabajar los nuevos funcionarios es descrito como incómodo por quienes han superado el proceso sin estar bajo sospecha.
En España, las oposiciones a la Administración Pública suelen estar bajo un estricto control, pero los casos de fraude, aunque poco frecuentes, generan gran repercusión mediática y social. La Seguridad Social gestiona asuntos sensibles como pensiones y jubilaciones, lo que aumenta la preocupación por la integridad de sus empleados. El Boletín Oficial del Estado publica regularmente los resultados y adjudicaciones de plazas, y cualquier anomalía puede derivar en investigaciones judiciales y administrativas. La transparencia y la confianza en los procesos selectivos son claves para el funcionamiento del sector público, y episodios como el de A Coruña reavivan el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención de fraudes en las oposiciones.
