El 21 de julio de 2026, la Praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo), vivió una situación límite: la Xunta de Galicia decidió cerrar temporalmente el acceso al arenal tras una concentración inusual de visitantes que coincidió con la única bajamar diurna. La medida, tomada alrededor de las 16:30, buscaba evitar riesgos de seguridad ante la dificultad para atravesar uno de los pasos del arenal, y se mantuvo hasta que parte del público abandonó la zona.
La decisión no se debió a que se hubiera superado el cupo diario de 4.812 personas, establecido por el Plan de conservación para los meses de verano y Semana Santa, sino a la acumulación de visitantes en un mismo tramo horario. El sistema de autorizaciones, que exige reserva previa y control de identidad, protege el enclave natural y distribuye la presión turística, pero el episodio demostró que los límites diarios pueden resultar insuficientes cuando la demanda se concentra en pocas horas.
Debate sobre gestión y modelos
Las imágenes de largas colas reavivaron el debate sobre cómo gestionar los espacios costeros más demandados. En el programa «Herrera en COPE», Sofía Buera y Ángel Correas analizaron alternativas como la organización por franjas horarias, la aplicación de tasas o la gestión privada inspirada en el modelo italiano. Aunque la conversación surgió a raíz del caso gallego, no existe una propuesta oficial para modificar el régimen de acceso a las playas españolas.
El ejemplo italiano
En Italia, los llamados lidos funcionan como zonas organizadas con tumbonas, sombrillas y servicios gestionados por concesionarios privados. Quienes no contratan estos servicios suelen encontrar menos espacio libre o deben desplazarse a tramos públicos más alejados. Según datos de Mare Libero, en torno al 43% de la superficie de playas arenosas italianas está ocupada por establecimientos balnearios, aunque este porcentaje no se refiere a toda la costa ni implica propiedad privada, sino concesiones temporales.
El modelo italiano ha generado protestas y litigios, con campañas que reclaman más playas libres y mejores condiciones en las zonas gratuitas. Los defensores de los lidos destacan la limpieza, vigilancia y equipamientos, mientras que los críticos denuncian precios elevados y falta de espacio sin coste, especialmente para los residentes.
El marco legal español
En España, la Ley de Costas garantiza el uso libre, público y gratuito del mar y su ribera para actividades como pasear o bañarse. Aunque se permiten concesiones para chiringuitos, hamacas o actividades náuticas, no es posible convertir el acceso general a una playa en un servicio de pago. Los negocios autorizados deben coexistir con el derecho de uso público y no pueden sustituirlo.
Por ello, las soluciones pasan por reforzar las reservas por franjas horarias en espacios protegidos, informar en tiempo real sobre mareas y ocupación, suspender entradas cuando exista riesgo y derivar visitantes hacia otros arenales. La promoción de alternativas menos masificadas también ayuda a repartir la demanda y proteger enclaves frágiles.
Contexto y perspectivas
El caso de As Catedrais refleja la tensión entre la popularidad de ciertos destinos y la necesidad de preservar su valor natural. La gestión de aforos y la adaptación de los permisos a las condiciones reales del arenal se perfilan como herramientas clave para evitar situaciones de riesgo y garantizar una experiencia sostenible. El debate sobre la posible implantación de modelos de gestión privada, como el italiano, sigue abierto, pero el marco legal español limita cualquier avance hacia la privatización generalizada del acceso a las playas.
En los últimos años, la presión turística sobre las playas del norte de España ha aumentado, especialmente durante episodios de calor intenso en el Mediterráneo. Esta tendencia obliga a las administraciones a buscar fórmulas flexibles y transparentes para equilibrar el disfrute público y la conservación ambiental, sin renunciar al carácter abierto y gratuito que define el litoral español.
