La frontera de Ceuta vuelve a estar bajo presión. En las últimas horas, la Guardia Civil ha parado una decena de intentos de salto a la valla por parte de grupos de migrantes subsaharianos, según fuentes policiales citadas por ABC. El refuerzo policial en la zona del Tarajal ha empujado a quienes buscan cruzar a probar rutas más alejadas y menos vigiladas.
La presión no se queda solo en los saltos. Los agentes han interceptado a más de quince personas en estos últimos operativos. Muchas intentaban aprovechar el caos que dejó la crisis migratoria de finales de julio. Las intervenciones se han centrado en los sectores Bravo y Charlie del perímetro fronterizo. Allí, los intentos de entrada son cada vez más frecuentes y, según los agentes, más violentos.
El Ministerio del Interior desplegó 75 agentes adicionales de la UIP, 120 guardias civiles en turno nocturno y 90 en turno diurno, además de dos drones y un helicóptero para reforzar la vigilancia en Ceuta.
El tiempo juega en contra de los cuerpos de seguridad. Los migrantes han aprendido a saltar los dos vallados en menos de 40 segundos. Aprovechan la retirada de las concertinas y la instalación de peines invertidos, lo que les facilita el acceso. Los agentes denuncian que trabajan con vehículos en mal estado, con averías y años de reclamaciones sin respuesta sobre el material disponible.
La vigilancia también se extiende al mar. La rotura de la barrera de boyas flotantes que instaló el Ministerio del Interior ha hecho que más personas intenten entrar nadando. El puerto de Ceuta se ha convertido en otro punto caliente. Cada día, la Guardia Civil intercepta cerca de una decena de migrantes ocultos que buscan embarcarse hacia la Península. Una táctica habitual es comprar documentación española, como pasaportes o DNI, para intentar cruzar la frontera sin ser detectados. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil vigilan de cerca estas prácticas.
El 23 de septiembre, a pesar de los temores por una entrada masiva, la frontera del Tarajal permaneció en calma, aunque con un despliegue policial reforzado y cientos de agentes en alerta máxima.
Mientras tanto, los agentes preparan nuevos traslados de las personas que siguen en las playas de Benítez y El Trampolín. El control sobre los mercadillos ilegales, donde algunos migrantes revenden ayudas alimentarias y ropa, se ha endurecido con la presencia de la Policía Local. El objetivo es desalojar estas zonas y llevar a los migrantes a los espacios habilitados.
El número de abandonos voluntarios también ha subido en los últimos días. Muchos migrantes, al ser trasladados a campamentos, han decidido volver a Marruecos tras ver que estos espacios no les permiten regularizar su situación en España o la Unión Europea. Son solo puntos de espera mientras se resuelven expedientes que, en la mayoría de los casos, terminan en expulsión.
La situación en Ceuta recuerda otros episodios recientes de tensión social y policial en España, como el desalojo en Madrid que puso a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante crisis humanitarias. En ambos casos, la presión sobre los recursos y la necesidad de actuar rápido muestran los límites del sistema.
Gestionar la frontera sur sigue siendo uno de los mayores retos para las autoridades españolas. La mezcla de rutas terrestres y marítimas, el cambio constante de tácticas migratorias y la falta de medios obligan a mantener la vigilancia y revisar los protocolos todo el tiempo. La experiencia de Ceuta deja claro que, mientras siga la presión migratoria y no se refuercen los recursos, la frontera será un punto de fricción y un desafío operativo para el Estado.
El refuerzo policial y la situación en la frontera han sido confirmados por el reporte de la agencia EFE tras los llamamientos en redes sociales a nuevas entradas masivas.
