Hacienda ha vuelto a cambiar el calendario de la digitalización fiscal. La obligación de usar Verifactu se retrasa hasta octubre de 2028. El departamento de Arcadi España lo ha confirmado. Es la tercera prórroga. El objetivo es que la fecha coincida con la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los contribuyentes.
Hasta ahora, las empresas que pagan el Impuesto sobre Sociedades debían adaptarse a Verifactu en enero de 2027. Para el resto de autónomos y negocios, la fecha límite era julio de ese año. Con el nuevo aplazamiento, todos ganan tiempo para preparar sus sistemas y evitar duplicidades en la transición digital. Pero fuentes especializadas avisan: hasta que el cambio no salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el calendario anterior sigue siendo válido.
Verifactu y la factura electrónica son obligaciones independientes: el primero garantiza la integridad y trazabilidad de los registros internos, mientras que la factura electrónica estandariza el intercambio entre empresas.
Verifactu, lanzado en 2023 por la entonces ministra María Jesús Montero, forma parte de la ley antifraude. Obliga a las empresas a usar un software certificado por Hacienda para emitir facturas. El sistema guarda la información de cada operación en el propio PDF o ticket y la envía al momento a la Agencia Tributaria. Así se asegura la trazabilidad y el control. La prórroga afecta solo a las obligaciones aún no ejecutadas del Real Decreto 1007/2023. No elimina los requisitos técnicos de integridad y conservación de datos.
Hacienda justifica el retraso porque quiere "favorecer la máxima convergencia posible" entre la normativa de factura electrónica y el reglamento de sistemas informáticos de facturación. Así, pymes y autónomos no tendrán que hacer varias adaptaciones técnicas en poco tiempo. También se busca reducir los costes de la digitalización. Esta decisión responde a la petición de asociaciones empresariales y asesores fiscales, que pedían una hoja de ruta única para evitar inversiones repetidas en software y formación.
La factura electrónica ya tenía fijada su obligatoriedad para 2028 en el caso de empresarios y profesionales con una facturación anual inferior a ocho millones de euros. Ese calendario se mantiene. Para las empresas con ingresos superiores a 8 millones de euros, la fecha límite será el 6 de octubre de 2027. Para el resto de pymes y autónomos, la obligación empezará el 6 de octubre de 2028, según la normativa y lo confirmado por Hacienda. Ahora, ambos sistemas se implantarán a la vez. Esto permitirá una transición más ordenada y menos costosa para los pequeños negocios.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha valorado positivamente la decisión de Hacienda, subrayando que la coordinación con la iniciativa europea ViDA reducirá el riesgo de cambios normativos acelerados y facilitará la adaptación de las empresas españolas al modelo digital obligatorio en la UE a partir de 2030.
El anuncio ha provocado reacciones inmediatas. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recordó que en junio presentó una hoja de ruta para la transición digital. Ese documento se debatió en el Senado y ha influido en la decisión de Hacienda. Según Aedaf, coordinar los plazos evitará duplicidades y hará el sistema tributario más eficiente. También facilitará la adaptación al modelo digital que será obligatorio en la Unión Europea a partir de 2030.
Otras organizaciones, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), habían advertido del riesgo de que la falta de sincronización entre Verifactu, la factura electrónica y la directiva europea ViDA obligara a los autónomos a invertir varias veces en digitalización. Patronales como Pimec y Cecot también pedían más flexibilidad y transparencia en el calendario para evitar confusión y sobrecostes.
Pimec insiste en que el aplazamiento no debe frenar la modernización de pymes y autónomos. Ven la prórroga como una oportunidad para avanzar en formación y adaptación tecnológica. ATA cree que unificar los plazos aliviará la carga administrativa y eliminará trabas innecesarias para los pequeños negocios.
La decisión de Hacienda se suma a otros cambios recientes del Gobierno para adaptar grandes reformas a la realidad de las empresas, como ya pasó con la vivienda, según informó espanol.news. En todos los casos, la presión de asociaciones y la complejidad técnica han obligado a replantear los plazos.
El retraso de Verifactu hasta 2028 marca un cambio en la estrategia digital de la administración tributaria. Las exigencias técnicas de integridad, conservación y trazabilidad siguen vigentes, pero el margen extra permitirá a pymes y autónomos planificar inversiones y formación con menos presión. La convergencia con la normativa europea y la reducción de costes para los pequeños negocios refuerzan la lógica de la medida. En un contexto donde la digitalización avanza a ritmos desiguales, la flexibilidad en la implantación de sistemas como Verifactu es clave para evitar bloqueos y asegurar una transición realista y sostenible en el tejido empresarial español.
