El Gobierno mantiene el Complemento de Ayuda para la Infancia, una prestación que puede alcanzar los 1.380 euros anuales por cada hijo menor. No es necesario cobrar el Ingreso Mínimo Vital para acceder a esta ayuda, pero sí cumplir ciertos requisitos de ingresos y patrimonio.
Una familia con hijos menores de edad puede recibir hasta 1.380 euros al año por cada uno de ellos gracias al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación que el Gobierno ha consolidado como parte de su política social para hogares en situación de vulnerabilidad. Esta ayuda, gestionada por la Seguridad Social, está diseñada para aliviar la presión económica de quienes tienen menores a cargo y cumplen determinados requisitos de ingresos y patrimonio.
El CAPI puede solicitarse tanto junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) como de forma independiente. Aunque la prestación nació vinculada al IMV, la normativa permite que familias que no perciben el ingreso mínimo, pero sí cumplen los umbrales económicos y de patrimonio, accedan igualmente a este complemento. Así, el abanico de beneficiarios se amplía y permite que más hogares reciban apoyo directo para la crianza de sus hijos.
La cuantía de la ayuda varía en función de la edad de cada menor. Por cada hijo menor de tres años, la familia puede recibir 115 euros mensuales, lo que suma 1.380 euros al año. Si el menor tiene entre tres y seis años, la ayuda es de 80,50 euros al mes (966 euros anuales). Para los mayores de seis y menores de 18 años, la prestación se sitúa en 57,50 euros mensuales, es decir, 690 euros al año. Esta diferenciación busca priorizar a los hogares con hijos más pequeños, donde los gastos suelen ser mayores.
Para acceder al CAPI, es imprescindible que la unidad de convivencia incluya al menos un menor de edad y que los ingresos y el patrimonio no superen los límites establecidos por la Seguridad Social. Estos umbrales son similares a los del IMV, aunque existen algunas diferencias en los criterios de elegibilidad y en el cálculo de los ingresos computables. Por ejemplo, una familia con dos adultos y dos menores de tres años podría recibir el complemento incluso si no tiene derecho al IMV, siempre que sus ingresos no superen el máximo permitido para la ayuda.
En la práctica, esto significa que una familia sin ingresos puede sumar el CAPI al IMV, alcanzando una cuantía mensual significativa. Pero también hay casos en los que, pese a tener ingresos superiores al umbral del IMV, se puede acceder únicamente al complemento por hijo, lo que supone un alivio económico relevante. Así, el CAPI se convierte en una herramienta flexible para responder a distintas realidades familiares.
El contexto social refuerza la importancia de esta medida. Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, en 2025 más de una cuarta parte de la población española —casi 12,6 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En este escenario, el apoyo a la infancia vulnerable es una prioridad para las políticas públicas.
La entrada en vigor del CAPI el 1 de febrero de 2022 supuso una mejora respecto a las ayudas anteriores, al simplificar los trámites y ampliar la cobertura. Desde entonces, miles de familias han podido beneficiarse de este complemento, que se percibe mensualmente y se revisa cada año en función de la situación económica del hogar.
El acceso a este tipo de ayudas sociales y la adaptación de los requisitos a la realidad de las familias han sido objeto de debate en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la adaptación de la jornada laboral y las condiciones de los docentes en Valencia, como se analiza en este reportaje sobre la reducción de la semana laboral para profesores, muestra cómo las políticas sociales buscan responder a las necesidades de distintos colectivos.
En definitiva, el Complemento de Ayuda para la Infancia representa una de las principales herramientas del Estado para combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias con menores a cargo. Su diseño flexible y la posibilidad de percibirlo sin necesidad de acceder al IMV lo convierten en un recurso clave para quienes atraviesan dificultades económicas. La revisión periódica de los requisitos y la actualización de las cuantías serán determinantes para mantener la eficacia de esta prestación en los próximos años.
