El juez Pedraz ha imputado a Mercedes González y a su número dos. Se investiga si desde la dirección de la Guardia Civil se intentó frenar investigaciones de la UCO sobre corrupción. El caso implica reuniones, expedientes internos y posibles presiones.
La investigación judicial sobre la presunta interferencia en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) ha dado un giro relevante: el juez Santiago Pedraz ha imputado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su segundo, el teniente general Manuel Llamas. Ambos deberán declarar como investigados el próximo día 16, en el marco de un caso que pone en cuestión la neutralidad de la cúpula del cuerpo en investigaciones sensibles relacionadas con el PSOE.
La causa se centra en la posible utilización de expedientes disciplinarios internos como método de presión sobre agentes de la UCO que investigaban casos de corrupción. Según el sumario, la UCO accedió a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil por orden judicial para recabar documentación sobre visitas y expedientes abiertos entre enero de 2024 y mayo de 2025. Los agentes localizaron tres informaciones reservadas, investigaciones internas que pueden derivar en sanciones disciplinarias, abiertas en apenas nueve meses, un hecho que varios mandos consideran inusual.
El origen de la sospecha está en la relación entre Mercedes González y Leire Díez, exmilitante socialista investigada por intentar obstaculizar causas judiciales. Aunque inicialmente se negó cualquier contacto, González reconoció haber mantenido dos encuentros con Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La UCO no halló registros de entrada de Díez en la sede principal, pero sí detectó reuniones en cafeterías cercanas y mensajes de WhatsApp entre ambas. En uno de los encuentros, Díez habría propuesto a un comandante imputado en el caso Koldo un puesto a cambio de información comprometedora sobre la unidad.
Las informaciones reservadas abiertas durante este periodo han generado controversia. La primera se inició tras la filtración de datos personales de la familia del presidente del Gobierno en un informe de la UCO, lo que llevó a una amonestación verbal al mando responsable. La segunda, relacionada con la publicación de mensajes de José Luis Ábalos, ni siquiera llegó a tramitarse por oposición judicial. La tercera se abrió tras la difusión de informaciones que cuestionaban la imparcialidad del DAO, solicitando incluso la identificación nominal de los agentes que investigaban casos vinculados al Gobierno.
Mandos como Rafael Yuste y López Malo han declarado ante el juez que nunca antes habían visto tal frecuencia de expedientes internos en tan poco tiempo, mientras que otros responsables restan importancia a la práctica. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, considera que se ha hecho un uso instrumental de la potestad disciplinaria para desalentar o intimidar a los investigadores, aunque los afectados no han manifestado explícitamente sentirse presionados.
El caso también recoge alertas internas sobre la actividad de Leire Díez, a quien se atribuye la organización de campañas de desinformación para desacreditar investigaciones y a miembros de la UCO. A pesar de estas advertencias, la directora mantuvo el contacto con Díez, incluso después de que se activara el borrado de mensajes en su chat conjunto.
En mayo de 2025, tras la publicación de nuevas informaciones sobre las actividades de Díez, se celebraron reuniones entre la directora, los mandos de la UCO y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. González aseguró haber informado de sus encuentros con Díez y negó haber intentado frenar ninguna investigación. Sin embargo, las versiones de los mandos difieren sobre el contenido y la transparencia de estas reuniones.
El anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, también fue señalado por presuntamente presionar para cerrar una investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez, pero el juez ha descartado su imputación. El caso sigue abierto y pone el foco en la gestión interna de la Guardia Civil y en la posible instrumentalización de los mecanismos disciplinarios en investigaciones de alto perfil.
La UCO es una de las unidades más especializadas en la lucha contra la corrupción en España y ha estado al frente de investigaciones de gran impacto mediático y político. Las informaciones reservadas son procedimientos internos habituales, pero su uso reiterado en un corto periodo ha generado debate sobre la independencia de los investigadores. El caso evidencia la tensión entre la dirección del cuerpo y los agentes encargados de casos sensibles, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia institucional.
