El juez Santiago Pedraz ha imputado a Mercedes González y Manuel Llamas. La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas maniobras contra agentes de la UCO. El caso afecta a investigaciones clave sobre corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, en el marco del conocido como ‘caso Leire’. La decisión llega tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de posibles intentos de interferir en el trabajo de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) encargados de investigar casos de corrupción que afectan al Gobierno.
Según fuentes jurídicas citadas por EL PAÍS, la investigación se centra en una presunta red destinada a obstaculizar procedimientos judiciales, con especial atención a supuestas maniobras para desestabilizar a los miembros de la UCO. Entre los casos bajo la lupa de estos agentes figuran el que afecta al hermano de Pedro Sánchez y el caso Koldo, ambos de alto perfil mediático y político.
La propia Mercedes González reconoció en una comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio que mantuvo al menos dos reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. En la primera, Díez le propuso un encuentro informal para conocerla en el ámbito profesional. En la segunda, la exmilitante solicitó la reincorporación del comandante Rubén Villalba, suspendido e imputado en el caso Koldo, a lo que González afirma haberse negado. La directora de la Guardia Civil insistió en que nunca ha participado en ninguna trama contra la UCO ni ha actuado bajo la influencia de Leire Díez o de terceros.
No obstante, los informes internos de la UCO aportados a la causa sostienen que Leire Díez habría logrado instigar a González para que iniciara actuaciones administrativas contra los agentes que investigaban estos casos. Este punto es clave en la investigación, ya que podría evidenciar presiones internas para frenar o condicionar pesquisas sobre corrupción en el entorno gubernamental.
El caso Leire se suma a una serie de investigaciones recientes que han puesto bajo el foco la relación entre altos cargos y el funcionamiento de la justicia en España. En este contexto, el propio juez Pedraz ha protagonizado otras actuaciones relevantes, como la citación a declarar de dos fiscales por sus reuniones con personas implicadas en tramas judiciales, un episodio que también generó debate sobre la independencia de las investigaciones y que fue recogido en un reportaje anterior sobre la vigilancia de la Fiscalía.
La Audiencia Nacional, como órgano judicial de referencia en España para los grandes casos de corrupción y crimen organizado, ha intensificado en los últimos años el control sobre posibles interferencias en investigaciones sensibles. La UCO, por su parte, es una de las unidades más especializadas en la lucha contra la corrupción y ha estado involucrada en operaciones de gran impacto público. El caso Koldo y las pesquisas sobre el entorno de Pedro Sánchez han elevado la presión política y mediática sobre los cuerpos de seguridad y la judicatura. La imputación de Mercedes González y Manuel Llamas marca un nuevo capítulo en la tensión entre mandos policiales y los equipos de investigación, en un contexto donde la transparencia y la independencia judicial son objeto de escrutinio constante.
