Iustitia Europa reclama al CGPJ que suspenda cualquier medida disciplinaria contra el juez Peinado. La organización advierte de un riesgo para la independencia judicial y la separación de poderes en España.
La organización Iustitia Europa ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que detenga de inmediato cualquier deliberación o decisión relacionada con la apertura de un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado. El motivo es la reciente resolución del magistrado en el caso Begoña, donde se cuestionó la actuación de la Policía Nacional ante una posible fuga de la esposa del presidente antes del juicio. Según la petición, la gravedad del asunto afecta no solo al juez implicado, sino también a la independencia judicial y al equilibrio de poderes previsto en la Constitución Española.
Iustitia Europa, que actúa como acusación popular en el proceso, argumenta que solo la Audiencia Provincial de Madrid tiene competencia para revisar la legalidad de las medidas cautelares dictadas por Peinado. Recuerdan que una medida cautelar no es definitiva y que su control corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales superiores a través de los recursos establecidos por ley. Por ello, consideran que cualquier intervención del CGPJ en este momento supondría invadir competencias reservadas a los tribunales.
La organización advierte que si el CGPJ abre un expediente disciplinario o informativo basándose en el contenido de la resolución judicial, estaría prejuzgando cuestiones que aún deben ser valoradas por la Audiencia Provincial. Insisten en que el Consejo no debe convertirse en una tercera instancia judicial ni castigar a los jueces por sus resoluciones, ya que estas pueden ser recurridas por las vías legales correspondientes.
En el escrito presentado ante el CGPJ, al que ha accedido ABC, se recuerda el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto establece que solo el tribunal superior que conozca de la resolución en vía de recurso puede remitir comunicación al Consejo para iniciar un procedimiento disciplinario. Iustitia Europa subraya que la Audiencia Provincial de Madrid no ha remitido ninguna comunicación y que la queja del ministro del Interior no puede sustituir este requisito legal.
La acusación popular plantea además qué ocurriría si la Audiencia Provincial confirma las medidas cautelares adoptadas por Peinado y respalda sus argumentos jurídicos, como ya ha sucedido en otras fases de la instrucción. Se preguntan si en ese caso también se abriría expediente disciplinario a los magistrados de la Audiencia Provincial.
Por otro lado, la organización rechaza que los hechos puedan encuadrarse en el artículo 418.5 de la LOPJ, que sanciona el abuso de autoridad o la falta grave de consideración hacia funcionarios de la Policía Judicial. Argumentan que los agentes que escoltaban a Begoña Gómez actuaban en funciones administrativas y de protección, no como Policía Judicial, y que la resolución no contiene descalificaciones personales ni reproches profesionales, sino una valoración sobre la eficacia del dispositivo de protección.
Iustitia Europa considera especialmente preocupante que la posible apertura de diligencias disciplinarias llegue tras meses de críticas públicas al magistrado desde altos cargos del Ejecutivo. En su opinión, este contexto de presión institucional sobre jueces, fiscales e investigadores que participan en causas de corrupción política pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
La organización insiste en que el CGPJ debe proteger a los jueces que actúan con independencia y no ceder ante presiones externas que buscan utilizar el régimen disciplinario como vía alternativa para combatir resoluciones judiciales no revocadas por los cauces legales. En este contexto, la polémica en torno al juez Peinado se suma a otros casos recientes en los que la actuación de la justicia ha generado debate público, como la decisión de imponer restricciones a Begoña Gómez, detallada en esta información sobre las medidas cautelares y el proceso judicial.
En España, el CGPJ es el órgano encargado de garantizar la independencia de jueces y magistrados, pero no puede revisar el fondo de las resoluciones judiciales salvo en los supuestos previstos por la ley. La separación de poderes y el respeto a los procedimientos de recurso son pilares fundamentales del sistema judicial español. Cualquier alteración de este equilibrio puede tener consecuencias directas en la confianza ciudadana y en la protección de los derechos fundamentales.
