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Marchena alerta sobre la desconfianza en la justicia y pide limitar la acusación popular

Ricardo Rubio Español.News

Publicado por Ricardo Rubio

Marchena alerta sobre la desconfianza en la justicia y pide limitar la acusación popular Español.News
Marchena alerta sobre la desconfianza en la justicia y pide limitar la acusación popular

El magistrado Manuel Marchena considera grave la desconfianza ciudadana hacia los jueces. Propone restringir la acusación popular a los partidos políticos. El Supremo ve riesgo de politización en casos mediáticos.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha advertido de que la creciente desconfianza de la sociedad española hacia la justicia representa un problema de gran calado. Durante su intervención en el curso Justicia y Estado de Derecho, celebrado en la Universidad CEU San Pablo en El Escorial, Marchena calificó de “tragedia” que las encuestas reflejen una percepción negativa sobre la imparcialidad de los jueces. Según el magistrado, la convivencia democrática se ve amenazada si se extiende la idea de que las resoluciones judiciales responden a intereses ideológicos y no a criterios jurídicos.

Marchena defendió la necesidad de limitar la participación de los partidos políticos en la acusación popular, argumentando que su intervención en los procesos judiciales contribuye a la politización de la justicia. A su juicio, la acción popular debe mantenerse como herramienta, pero con restricciones claras para evitar que los partidos utilicen los tribunales como extensión de la lucha parlamentaria. El magistrado subrayó que permitir que un partido político se persone como acusación en causas que afectan a sus rivales genera desconfianza y distorsiona la percepción ciudadana sobre la independencia judicial.

En su exposición, Marchena señaló que cada año solo entre cinco y diez juicios de alto perfil condicionan la imagen pública de la justicia en España. Estos procesos, generalmente vinculados a casos de corrupción o con fuerte carga política, son los que más influyen en la opinión pública. Según datos de la última encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, tres de cada cuatro españoles creen que los partidos intentan influir en las decisiones judiciales y que los jueces se dejan influir, mientras solo el 32,2% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales.

Durante el turno de preguntas, Marchena evitó pronunciarse sobre si el Tribunal Supremo debió esperar la respuesta de la justicia europea antes de dictar sentencia en el caso del procés catalán. Recordó que se trata de un asunto de gran complejidad jurídica y prefirió no entrar en valoraciones. Cabe recordar que Marchena presidió la Sala que juzgó a los líderes independentistas catalanes y fue ponente de la sentencia de octubre de 2019, que los condenó por sedición, malversación y desobediencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto pronunciarse sobre si la legislación española es compatible con el derecho comunitario, uno de los argumentos esgrimidos por el Supremo para no aplicar medidas de gracia a los condenados.

El debate sobre la influencia política en la justicia española se intensifica en un contexto en el que el propio Tribunal Supremo espera la decisión europea sobre la amnistía y el futuro judicial de líderes como Puigdemont, tema que ha sido analizado recientemente en un reportaje sobre el impacto de la sentencia del TJUE en la política española. La discusión sobre los límites de la acusación popular y la percepción de imparcialidad de los jueces sigue marcando la agenda judicial y política en España.

En el contexto actual, la acción popular es una figura jurídica que permite a cualquier ciudadano o entidad participar en procesos penales, pero su uso por parte de partidos políticos ha generado controversia. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones la importancia de preservar la independencia judicial frente a presiones externas. La percepción de politización de la justicia afecta tanto a la confianza en las instituciones como a la estabilidad democrática. El caso del procés y las decisiones pendientes del TJUE mantienen la atención pública sobre el papel de los jueces y la influencia de los partidos en los tribunales. La evolución de este debate podría tener consecuencias directas en futuras reformas legales y en la relación entre justicia y política en España.

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