El Gobierno de Pedro Sánchez va a contrarreloj. Busca un acuerdo con Junts para sacar adelante un decreto antidesahucios y evitar que las protestas vuelvan a llenar las calles. El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en Madrid desde hace setenta años, ha provocado una reacción social que ha obligado al Ejecutivo a reabrir el diálogo con los independentistas catalanes.
El PSOE sabe que necesita a Junts para aprobar cualquier medida en el Congreso. Por eso ha empezado a estudiar el paquete de propuestas que el partido de Carles Puigdemont presentó hace semanas. Junts pide suspender los desalojos en viviendas de fondos buitre y prohibir que estos fondos compren más pisos en España. Pero la clave está en los impuestos: Junts solo apoyará el decreto si el Gobierno acepta deducciones en el IRPF tanto para alquileres como para hipotecas.
La policía dio a Maricarmen solo 30 minutos para recoger sus pertenencias antes de ser desalojada y trasladada en ambulancia, según Reuters.
Junts propone una deducción del 15% en el IRPF para el alquiler de vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros al año. También pide ventajas fiscales para cuentas de ahorro para jóvenes. Además, quiere que los mayores de 65 años que vivan en residencias puedan vender su antigua casa sin pagar impuestos por la ganancia. Otra medida: que las familias puedan cancelar la hipoteca si el banco vende la deuda a otra entidad por menos de lo que queda por pagar.
Hasta hace poco, el Gobierno habría descartado estas rebajas fiscales, sobre todo por la oposición de Sumar, socio de coalición del PSOE. Pero la presión política y social ha cambiado el panorama. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ya ha dicho que están dispuestos a debatir estas propuestas y reconoce la gravedad de la crisis de vivienda.
La presión no viene solo de los partidos. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) exige que el llamado «decreto Maricarmen» se apruebe ya. Califican la situación de extrema y piden respuestas ante la indignación que se ha extendido por 40 ciudades. Los activistas reclaman medidas de fondo: frenar los desahucios, congelar los precios del alquiler, prorrogar contratos, regular los alquileres de temporada y habitaciones, y convertir todos los contratos en indefinidos. También han pedido a los sindicatos CCOO y UGT que convoquen una huelga general si el decreto no sale adelante de inmediato.
Tras el desahucio de Maricarmen, miles de personas se manifestaron en ciudades de toda España, convirtiendo el caso en un símbolo nacional de la crisis de vivienda y aumentando la presión sobre el Gobierno para actuar con urgencia.
El Gobierno quiere llevar el nuevo decreto al Consejo de Ministros el próximo martes. Busca cerrar un acuerdo con Junts que garantice la aprobación parlamentaria, después del fracaso de abril. Fuentes de Junts aseguran que el PSOE ve con buenos ojos la mayoría de las propuestas y que esperan una contraoferta en las próximas horas.
El caso de Maricarmen ha sido el detonante de esta crisis política y social. La cobertura mediática y la reacción ciudadana han obligado al Gobierno a acelerar las negociaciones y a plantearse medidas que antes parecían imposibles. Como se informó previamente, la situación de la anciana ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los inquilinos y la falta de soluciones reales ante los desahucios.
La prisa del Ejecutivo muestra el miedo a un estallido social como el 15-M, pero centrado en la vivienda. El resultado de esta negociación marcará el futuro inmediato de la política de vivienda en España y la estabilidad del propio Gobierno. Si hay acuerdo con Junts, se abrirá una nueva etapa en la regulación del mercado inmobiliario y en la protección de los inquilinos frente a los grandes fondos. Si fracasa, el riesgo de movilizaciones masivas y de desgaste político para el PSOE y Sumar será difícil de frenar. El pulso entre la presión social, las exigencias fiscales y la urgencia política deja claro que la vivienda es ahora el campo de batalla clave para el Gobierno en 2026.
Según El País, el piso donde vivía Maricarmen era de un fondo de inversión que buscaba subir el alquiler. Las negociaciones para encontrar una solución alternativa fracasaron pese a la presión social y mediática.
