El pulso entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado al límite. Junts ha avisado que votará en contra de los dos decretos de vivienda si el Ejecutivo no los retira antes de la votación en el Congreso. Su mensaje es directo: solo apoyarán una nueva norma, aprobada en el próximo Consejo de Ministros, que recoja sus condiciones y pueda convalidarse la semana siguiente.
La decisión salió de una reunión urgente de la ejecutiva que lidera Carles Puigdemont. Junts responde así al rechazo del Gobierno a incluir sus principales demandas en los decretos actuales. El partido catalán sostiene que las medidas de Sánchez no solo no resuelven la crisis de vivienda, sino que pueden empeorarla. Temen que se reduzca la oferta de alquiler, suban los precios y se complique el acceso a la vivienda para quienes menos tienen. Reuters y Al Jazeera informan que el Gobierno ha presentado un nuevo paquete de medidas urgentes para frenar los desahucios y proteger a los arrendatarios, pero su aprobación depende del voto de Junts.
Miles de personas salieron a las calles de Madrid durante varios días para protestar contra el desahucio de la pensionista Maricarmen Abascal, convirtiendo su caso en símbolo nacional de la crisis de vivienda.
Entre los puntos más duros, Junts denuncia que los decretos no frenan a los fondos buitre, que podrán seguir comprando pisos y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables. Critican también que la protección a estos inquilinos es insuficiente, porque no se garantiza el pago por parte de la Administración. Otro punto clave: la opción de que los inquilinos compren la vivienda antes de que pase a los herederos. Junts lo ve como una expropiación encubierta del ahorro familiar de generaciones. La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, insiste en que la protección debe llegar también a los pequeños propietarios, no solo a los grandes fondos, y califica las garantías actuales de "insuficientes".
El detonante de la crisis ha sido el desahucio de Maricarmen Abascal. El caso de esta pensionista de 87 años ha reavivado la presión social y política sobre el mercado de la vivienda. BBC, AFP y NYT han cubierto su historia. Su expulsión forzosa de su piso en Madrid desató protestas masivas y un debate nacional sobre la protección de los inquilinos vulnerables. Tras varios días de manifestaciones, se llegó a un acuerdo: Abascal podrá volver a su casa con un nuevo contrato de alquiler de larga duración, según fuentes oficiales y la Agencia EFE.
Junts empezó la semana con algo de optimismo sobre un posible acuerdo. Pero la falta de avances en sus dos propuestas centrales —suspensión de desahucios en viviendas de fondos buitre y prohibición de nuevas compras por parte de estos fondos, junto a deducciones fiscales del 15% en el IRPF para alquiler y compra de vivienda habitual— ha roto la negociación. El Gobierno solo ha aceptado un veto temporal hasta el 31 de diciembre de 2028 para la compra de viviendas por fondos buitre y ha propuesto bonificaciones fiscales que Junts ve ineficaces por sus requisitos.
En España, la escasez crónica de vivienda asequible y los conflictos en torno a los contratos de alquiler han intensificado las demandas sociales para limitar los desahucios cuando no existe alternativa habitacional para los afectados.
Desde el grupo que lidera Míriam Nogueras en el Congreso, acusan al Ejecutivo de "mentir" al prometer soluciones a la crisis de la vivienda. Dicen estar dispuestos a asumir el coste político de defender a familias y propietarios catalanes. La presión no viene solo de la calle. El empresariado catalán también ha mostrado su preocupación, aunque Nogueras ha intentado tranquilizar a las pequeñas y medianas empresas asegurando que Junts no cederá ante las protestas. En este contexto, la batalla política por la vivienda se cruza con intereses económicos y sociales, como ya ocurrió en otros episodios recientes del sector, según reportes anteriores.
El escenario ahora es incierto para el Gobierno. Sánchez necesita el apoyo de Junts para sacar adelante cualquier reforma relevante en vivienda. El rechazo de los neoconvergentes le obliga a replantear su estrategia si quiere evitar otro fracaso parlamentario y responder a la crisis social que han provocado los desahucios. La postura de Junts marca un giro en la negociación y deja claro que, sin concesiones de fondo, la regulación del mercado de la vivienda seguirá bloqueada en el Congreso. Este pulso retrasa soluciones urgentes para miles de familias y pone en duda la capacidad del Ejecutivo para formar mayorías estables en temas clave. La vivienda se convierte así en el nuevo campo de batalla política en España. Según El Mundo, la ratificación de cualquier paquete de medidas dependerá de un compromiso real entre el Gobierno y Junts en el Congreso de los Diputados.
