El Gobierno de Pedro Sánchez sufre uno de sus mayores golpes políticos tras el rechazo de Junts al decreto de vivienda. El partido independentista exige rehacer el texto y meter sus condiciones. Si no, avisan, tumbarán la propuesta y dejarán al Ejecutivo sin la mayoría que necesita para sacar adelante los decretos clave sobre vivienda.
En La Moncloa no esperaban este desenlace. Hasta hace pocos días, Sánchez y sus ministros seguían confiados. Creían que, tras meses de negociación con los grupos, lograrían los apoyos. El Ministerio de Vivienda intentó sumar demandas de todos los partidos, pero muchos veían las medidas como insuficientes.
El primer decreto-ley de vivienda fue publicado en el BOE el 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de octubre de 2026, aunque su validez definitiva depende de la ratificación parlamentaria en los próximos 30 días.
Junts, sin embargo, ha decidido desmarcarse y lanza un golpe directo al Gobierno. El partido catalán dice que el decreto, tal como está, no arregla los problemas de acceso a la vivienda y puede incluso empeorarlos. Según Junts, las medidas actuales reducirán la oferta de alquiler, subirán los precios y harán más difícil el acceso para quienes menos tienen.
También critican que el texto no frena a los fondos buitre, que podrán seguir comprando viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables. Junts denuncia que la protección a los inquilinos más frágiles es insuficiente, porque no se garantiza el pago por parte de la Administración. Otra queja es que algunas medidas suponen, en la práctica, la expropiación del ahorro de varias generaciones de familias, ya que permiten que los inquilinos compren la vivienda antes de que pase a los herederos.
Mientras el resto de socios de investidura han aceptado el texto, aunque sin entusiasmo, Junts ha roto la baraja en el último momento y exige que el Consejo de Ministros presente una nueva propuesta. El Gobierno se niega a retirar los decretos y defiende que ha trabajado durante meses para acomodar las visiones de los distintos grupos y buscar un consenso a la altura de lo que pide la gente.
El paquete de medidas incluye la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables hasta 2030, la prórroga de la congelación de los alquileres y nuevas restricciones a los arrendamientos de corta duración.
Coalición Canaria, que al final ha apoyado el decreto, ha conseguido que el Ejecutivo se comprometa a tramitar la propuesta como proyecto de ley. Así, los partidos podrán plantear enmiendas. Sánchez apostó por una operación exprés para aprovechar la presión social y evitar cambios de última hora, pero el revés de Junts ha sido igual de rápido.
En los últimos días, la estrategia de La Moncloa ha sido trasladar la presión a sus socios. Han apelado a la responsabilidad y han pedido dejar a un lado las ideologías por una cuestión de humanidad. Ningún miembro del Gobierno mencionaba a Junts de forma directa, pero el malestar era evidente.
El rechazo de Junts coloca al partido junto al PP y Vox en el bloque de oposición al decreto, según la visión del Ejecutivo. El Gobierno insiste en que cada grupo tendrá que retratarse ante la ciudadanía y decidir si está con la gente o con los especuladores. Esta fractura complica aún más la posibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos y deja la legislatura en una situación crítica a pocos meses de las elecciones.
La situación recuerda a otros choques recientes por la vivienda, como se contó en un análisis anterior. La diferencia ahora es que el Gobierno se queda sin margen y la legislatura entra en estado de coma, pendiente de lo que decida Sánchez sobre una posible convocatoria electoral anticipada.
La crisis abierta por el rechazo de Junts al decreto de vivienda muestra la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. El texto, que buscaba responder a la presión social y a la demanda de soluciones habitacionales, acaba como símbolo de lo difícil que es lograr acuerdos reales en un Congreso fragmentado. El Gobierno dice que ha cumplido su parte, pero la falta de acuerdo con Junts deja en el aire no solo la reforma de la vivienda, sino la viabilidad de la legislatura. En este contexto, la política española vuelve a dejar claro que, sin pactos sólidos, cualquier avance puede quedar bloqueado en el último minuto.
Según el comunicado oficial de La Moncloa, ambos decretos necesitan validación parlamentaria y buscan reforzar la función social de la vivienda y la estabilidad de los contratos de alquiler.
