El Congreso vive una de sus sesiones más tensas tras la decisión de Junts de votar en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno. El grupo independentista catalán acusa al Ejecutivo de "alentar una mentira" y sostiene que las medidas no solo no arreglan el problema, sino que lo empeoran. El Gobierno ve cómo se tambalean unas normas que consideraba esenciales para frenar la especulación y proteger a los inquilinos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha intentado hasta el último momento convencer a los diputados de Junts. Les ha pedido "responsabilidad" y ha recordado que parte de las medidas se pactaron con formaciones independentistas. Rodríguez ha lanzado sus críticas más duras al Partido Popular, al que llama "la peor derecha de toda Europa" y acusa de estar "inhabilitado para gobernar el país". Pero la presión principal ha ido dirigida a Junts, a quienes el Gobierno ha pedido que no bloqueen la norma.
Los decretos de vivienda incluyen la prórroga de la protección frente a desahucios para inquilinos vulnerables hasta 2030 y nuevas restricciones al alquiler turístico y de temporada.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha respondido con dureza. Dice que el Ejecutivo está haciendo "lo peor" y que las medidas solo servirían para agravar la crisis de acceso a la vivienda. Nogueras exige que se retiren los decretos y que se abra una negociación real, a puerta cerrada, para redactar un texto nuevo y más ambicioso. Junts ha presentado su propio borrador, abierto a cambios, como base para un posible acuerdo en el futuro.
Mientras tanto, Compromís, Coalición Canaria y BNG consideran que las medidas son insuficientes, pero han confirmado su apoyo. El PNV lamenta que el Gobierno quiera resolver en 48 horas un problema que lleva años sin solución y solo respaldará uno de los decretos. Vox ha aprovechado el debate para atacar al Ejecutivo y a sus socios, acusándolos de alimentar la crisis habitacional con eslóganes y falta de vivienda pública, y vuelve a poner el foco en la inmigración como factor agravante.
El choque entre Junts y el Gobierno ha sido aprovechado por ERC para cargar contra sus antiguos socios independentistas. Gabriel Rufián ha mostrado un billete de 50 euros y las llaves de su casa en el hemiciclo, acusando a Junts de compartir intereses con PP y Vox y advirtiendo que su postura los llevará al ostracismo político. Desde Sumar, Gerardo Pisarello y Alberto Ibáñez han acusado a PP, Vox y Junts de ser responsables del sufrimiento de miles de familias y de ponerse del lado de los grandes rentistas frente a quienes sufren desahucios.
Los decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre de 2026 y publicados en el BOE, pero su vigencia depende de la ratificación por el Congreso. La incertidumbre sobre el apoyo de Junts y PNV convierte la votación en una prueba clave para la estabilidad del Gobierno.
La tensión en el Congreso muestra la fractura política sobre la vivienda, un tema que ya ha provocado choques públicos antes. Como se informó anteriormente, el rechazo de Junts ya había dejado en suspenso el futuro de los decretos y provocado protestas en ciudades como Madrid y Barcelona.
El debate sobre la vivienda en España se ha convertido en un campo de batalla político. Cada grupo busca marcar distancias y culpa al rival del fracaso de las soluciones. El Gobierno insiste en que su propuesta es fruto de meses de trabajo y acuerdos con varias formaciones, pero la falta de consenso y la presión de los grupos minoritarios han dejado claro lo difícil que es avanzar en reformas de fondo. La jornada demuestra que, sin pactos sólidos, la crisis habitacional seguirá sin respuesta clara a corto plazo. El bloqueo de Junts complica la agenda legislativa del Ejecutivo y deja al descubierto la fragilidad de las alianzas parlamentarias en un momento crítico para miles de familias que esperan medidas efectivas.
Entre las medidas más polémicas están la prórroga de los contratos de alquiler existentes por dos años y la regulación de la inversión en vivienda para frenar la especulación, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado.
