En una vivienda apareció un enganche eléctrico sin contador. El caso cifra en 2.686,72 euros el consumo irregular de un año, frente a los 11.819,29 euros fijados inicialmente. Según la información publicada, el Poder Judicial comunicó la decisión el 2 de octubre de 2026.
La condena penal se mantiene. La indemnización baja 9.132,57 euros, cerca del 77,3% de la cifra inicial. La multa sigue en 540 euros. Si se suman únicamente la sanción y la indemnización, el total pasa de 12.359,29 a 3.226,72 euros. Las costas quedan fuera de ese cálculo porque no se indica su cuantía.
El tribunal atribuye el enganche al propietario
Según la versión del caso, la Audiencia dio por acreditado que el acusado era propietario y único ocupante de la vivienda. También habría descartado que otras personas usaran el suministro como inquilinos. El tribunal concluyó que el acusado se benefició de la conexión. Esa atribución corresponde a las circunstancias descritas en este caso: no convierte automáticamente al propietario de cualquier vivienda en responsable de una conexión irregular.
La información no identifica a la empresa eléctrica. Tampoco detalla las tarifas ni la potencia consideradas en la primera valoración. No explica el método usado para calcular el consumo. Las cantidades de 11.819,29 y 2.686,72 euros, junto con la multa de 540 euros, deben entenderse dentro del relato publicado; por sí solas no permiten reconstruir ese cálculo.
La cronología judicial y el archivo del CGPJ
La comunicación se atribuye al 2 de octubre de 2026. En octubre, el archivo de notas de prensa del Consejo General del Poder Judicial recoge otros asuntos de la Audiencia de Zaragoza. Entre ellos figura un caso de estafa a través de TikTok y Telegram. Es un asunto distinto y no identifica la resolución sobre el suministro eléctrico.
La ficha del caso eléctrico no indica un número de resolución. Tampoco precisa la sección judicial. Aquí no se aporta el texto de la parte dispositiva.
La indemnización civil y la condena penal son cuestiones distintas. El artículo 109 del Código Penal establece la obligación de reparar los daños causados por un delito. El artículo 115 dispone que los tribunales determinen razonadamente las bases para fijar la responsabilidad civil. En este caso, según el relato, la reducción afecta a la compensación económica; la condena penal y la multa se mantienen.
La CNMC separa las vías de reclamación según el origen del problema. Las cuestiones de facturación corresponden a la comercializadora; los contadores y las lecturas, a la distribuidora. El organismo recomienda guardar el justificante de la reclamación. Debe incluir la fecha y la hora, además del número de solicitud. La CNMC aclara que no resuelve reclamaciones individuales. Su guía para consumidores explica las vías generales disponibles.
El Consejo General del Poder Judicial mantiene un archivo de notas de prensa para sus comunicaciones judiciales.
