El juzgado ha realizado una nueva copia del móvil de Juan Manuel Serrano. La defensa rechaza la validez de la copia previa hecha por la UCO. El caso se centra en presuntas irregularidades en la Sepi.
La Audiencia Nacional ha procedido este martes a clonar el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en la Sepi. La operación se llevó a cabo en una sala precintada del juzgado, donde el dispositivo quedó bajo custodia para garantizar la integridad del proceso. El clonado, iniciado a las 10:30 y previsto para durar varias horas, permitirá a la UCO acceder a los mensajes y correos electrónicos de Serrano, quien figura como investigado en la causa.
La defensa de Serrano, representada por el abogado Bernardo del Rosal, ha cuestionado tanto la incautación inicial del móvil como la legalidad de la primera copia realizada por la UCO. Según el letrado, la Guardia Civil retuvo el teléfono en una operación a finales de mayo, pese a que el juez había especificado que Serrano no estaba imputado en ese momento. Posteriormente, cuando en julio se formalizó la imputación y se autorizó el análisis del terminal, la UCO copió su contenido sin la presencia del letrado de la Administración de Justicia, del propio Serrano ni de su defensa, lo que contradecía las instrucciones del juez instructor.
Ante esta situación, la defensa comunicó al juzgado que no reconocía la validez de la copia previa y solicitó un nuevo clonado bajo supervisión judicial. La letrada de la Administración de Justicia procedió así a realizar una nueva copia, con la presencia de Serrano y su abogado, quienes han sido citados para el desprecinto de la sala donde se custodia el dispositivo. Además, la defensa ha pedido que, en caso de que se autorice el análisis del móvil, se realice un expurgo para limitar el acceso únicamente a los mensajes relacionados con las presuntas mordidas en operaciones de la Sepi.
El juzgado central de instrucción número 5 notificó este mismo martes a Serrano la denegación de la nulidad de la incautación del teléfono. En una resolución fechada el 7 de agosto, el juez Santiago Pedraz argumenta que el hecho de que Serrano no estuviera imputado en el momento de la incautación no impedía a la UCO retener el terminal, a la espera de la decisión judicial posterior. El magistrado también señala que ni la ley ni la jurisprudencia exigen la presencia del afectado para validar el volcado, aunque en este caso él mismo lo había acordado. Por tanto, la nulidad no es automática. Sobre la cadena de custodia, Pedraz afirma que no existen indicios de manipulación por parte de la UCO y que debe presumirse la integridad del contenido del dispositivo.
La investigación en torno a Serrano se enmarca en una causa más amplia sobre supuestas irregularidades en la Sepi, atribuidas a la ex asesora socialista Leire Díez. Serrano ocupó el cargo de jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta 2018, año en que asumió la presidencia de Correos, puesto que mantuvo hasta 2023. El caso ha generado atención mediática por la implicación de altos cargos y la disputa sobre la legalidad de las pruebas obtenidas. En el contexto de investigaciones recientes sobre figuras cercanas al Gobierno, cabe recordar que la Audiencia de Badajoz condenó al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación, como se detalla en este caso relacionado con la Diputación de Badajoz.
En España, la clonación judicial de dispositivos electrónicos está sujeta a estrictos protocolos para preservar la cadena de custodia y los derechos de los investigados. La intervención de la letrada de la Administración de Justicia y la presencia de la defensa buscan evitar futuras impugnaciones sobre la validez de las pruebas. El caso de Serrano pone de relieve la importancia de estos procedimientos en investigaciones de alto perfil, donde cualquier irregularidad puede afectar el desarrollo de la causa. La Sepi, como entidad pública, ha sido objeto de varias investigaciones en los últimos años, y este proceso judicial podría tener repercusiones en la gestión de futuras operaciones y en la percepción pública sobre la transparencia en la administración.
