La adquisición de un ático de lujo por la Comunidad de Madrid para uso temporal del Gobierno regional ha generado controversia. El precio, el destino del inmueble y la ausencia de información oficial alimentan la polémica.
La reciente adquisición de un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ha provocado una oleada de interrogantes sobre la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La operación, formalizada el 14 de abril, permaneció oculta durante más de tres meses hasta que fue revelada por la prensa, lo que ha intensificado la controversia en torno a la transparencia y el uso de fondos públicos.
El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital, podría haber costado al menos 4,5 millones de euros según el precio medio del metro cuadrado en el barrio, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada oficialmente. La presidenta madrileña evitó dar detalles sobre el importe durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, limitándose a aclarar que el ático no será su residencia personal. Además, operadores inmobiliarios señalan que el valor podría ser aún mayor debido a la amplia terraza de 199 metros cuadrados, una característica poco habitual en la zona.
La falta de información previa sobre la compra ha generado inquietud. Ni la operación ni su financiación figuraban en los Presupuestos de 2026 de Planifica Madrid, la empresa pública responsable de la adquisición y presidida por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Los documentos oficiales solo contemplaban la venta de dos edificios, sin mención a nuevas compras ni ampliaciones de crédito para cubrir gastos imprevistos.
El destino del ático tampoco está claro. Inicialmente, fuentes oficiales indicaron que se utilizaría como oficinas, pero posteriormente la propia Ayuso matizó que el espacio serviría para reuniones temporales mientras se realizan obras en la sede central de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Sin embargo, fuentes cercanas a la presidenta admiten que la decisión sobre el uso definitivo aún no está cerrada. Además, la normativa urbanística vigente solo permite el uso residencial del inmueble, lo que añade otra capa de incertidumbre.
La explicación sobre la necesidad de un espacio alternativo surgió únicamente después de que los medios preguntaran por la compra. El Gobierno regional justificó la operación por la inminente reforma integral de la Real Casa de Correos, que afectará a una planta entera del edificio y comenzará en agosto. No obstante, hasta ese momento no se había informado públicamente sobre la magnitud ni el calendario de las obras.
Otra cuestión relevante es por qué no se optó por utilizar alguno de los edificios públicos ya gestionados por Planifica Madrid o por alquilar un local en vez de adquirir un ático de lujo. La empresa pública dispone de una decena de inmuebles, muchos de ellos de valor histórico y ubicados en el centro de Madrid, que albergan dependencias de distintas consejerías. Ayuso argumentó que Planifica Madrid actúa como agencia inmobiliaria y que no puede “despatrimonializarse”, aunque en los últimos dos años solo se había registrado una compra, la de la casa natal de Vicente Aleixandre, con un fin cultural específico.
La polémica en torno a la compra del ático no es nueva. Recientemente, la adquisición ya había suscitado críticas y debate público, como se recoge en un análisis sobre el coste y la finalidad del inmueble publicado en otro medio especializado en actualidad española.
En el contexto de la gestión pública en Madrid, la transparencia en la adquisición y uso de bienes inmuebles ha sido objeto de debate en los últimos años. La Real Casa de Correos, sede histórica del Gobierno regional, ha pasado por varias reformas desde su construcción en el siglo XVIII. Planifica Madrid, como empresa pública, tiene entre sus funciones la gestión y optimización del patrimonio inmobiliario de la Comunidad, aunque la compra de viviendas de lujo para uso temporal es poco habitual. El barrio de Chamberí, donde se ubica el ático, es uno de los más caros de la capital, con precios que superan ampliamente la media de la ciudad. La normativa urbanística limita el cambio de uso de viviendas a oficinas, lo que podría complicar la utilización prevista por el Ejecutivo. Este caso reabre el debate sobre la gestión de recursos públicos y la necesidad de mayor claridad en las decisiones que afectan al patrimonio de la Comunidad de Madrid.
