La adquisición de un ático de lujo en Chamberí por la Comunidad de Madrid, destinado a Isabel Díaz Ayuso, ha generado fuertes reproches de la oposición. El coste y la justificación del gasto público están en el centro del debate.
La decisión de la Comunidad de Madrid de adquirir un ático de lujo en el barrio de Chamberí, con la intención de que Isabel Díaz Ayuso lo utilice como oficina provisional, ha provocado una oleada de críticas entre los partidos de la oposición. La operación, revelada por EL PAÍS, se mantiene envuelta en opacidad respecto a su coste, aunque el valor de mercado de la vivienda, situada en el paseo del General Martínez Campos y con una superficie total de 485 metros cuadrados —199 de ellos de terraza—, se estima en varios millones de euros.
El Gobierno regional ha justificado la compra alegando que la presidenta autonómica necesita un espacio de trabajo alternativo durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede oficial del Ejecutivo madrileño, cuyas obras comenzarán en agosto. Sin embargo, desde el entorno de Ayuso se matiza que aún no está decidido si el ático será finalmente utilizado como despacho por la líder del PP en Madrid.
Las reacciones no se han hecho esperar. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, ha recordado que esta adquisición se suma a la compra de un chalet en Rascafría por 4,3 millones de euros en 2023, propiedad que, según publicó este diario, fue disfrutada por la presidenta y su familia. López ha exigido explicaciones sobre el uso de fondos públicos para este tipo de operaciones, especialmente en un contexto de recortes en servicios como la extinción de incendios. Por su parte, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha resumido su malestar en redes sociales con un mensaje directo sobre la actitud de Ayuso ante la ciudadanía.
Desde Más Madrid, la portavoz Manuela Bergerot ha criticado que se trate del “tercer ático de Ayuso en Chamberí” y ha subrayado que, a diferencia de anteriores polémicas, esta vez el coste recae directamente sobre los contribuyentes. Bergerot también ha hecho referencia a los negocios de la pareja de la presidenta con el grupo hospitalario Quirón, que le reportaron 4,4 millones de euros en tres años, según un informe de Hacienda conocido en junio. Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, ha insistido en la falta de transparencia sobre el precio final de la operación y el uso real del inmueble.
El debate sobre el uso de recursos públicos para la adquisición de inmuebles de alto valor no es nuevo en la política madrileña. En otras ocasiones, la presidenta regional ha criticado a Pedro Sánchez por residir en varias propiedades oficiales, aunque algunas de ellas, como Las Marismillas y Doñana, corresponden al mismo edificio. Este tipo de controversias sobre el patrimonio y los gastos institucionales han sido recurrentes en la agenda política, como se ha visto también en otros casos de alto perfil en la capital, por ejemplo en el proceso judicial sobre el caso Kitchen, donde la gestión de recursos y la transparencia han estado en el centro del debate (más detalles sobre polémicas recientes en Madrid).
En el contexto actual, la adquisición del ático en Chamberí reabre el debate sobre la gestión del dinero público y la prioridad de las inversiones en la Comunidad de Madrid. Según datos del sector inmobiliario, Chamberí es uno de los barrios más exclusivos de la capital, con precios que superan ampliamente la media de la ciudad. La falta de información oficial sobre el coste exacto y el uso definitivo del inmueble mantiene la polémica abierta y aumenta la presión sobre el Ejecutivo regional para que ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía. La transparencia en la gestión de fondos públicos y la justificación de gastos de este tipo siguen siendo temas sensibles en la política madrileña, especialmente en un momento de alta demanda social por servicios esenciales y control del gasto.
