El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retira la ley del concebido no nacido tras detectar vacíos legales. La aprobación se pospone hasta septiembre. El texto buscaba reconocer al feto como miembro administrativo desde el embarazo.
La tramitación de la ley del concebido no nacido, una de las apuestas más visibles del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ha quedado suspendida en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional ha retirado el proyecto tras detectarse defectos de forma en su redacción, según informan fuentes parlamentarias citadas por EL PAÍS. El texto, que pretendía reconocer al feto como miembro administrativo de la familia desde la acreditación del embarazo, no podrá ser aprobado antes de septiembre.
La iniciativa, anunciada con gran expectación a principios de junio y poco antes de la visita del papa León XIV, tenía previsto su debate y votación este jueves. Sin embargo, la abogacía de la Comunidad de Madrid ha identificado vacíos y contradicciones legales en el articulado, lo que ha obligado a frenar el proceso parlamentario. El Partido Popular, que cuenta con mayoría en la Asamblea, confiaba en sacar adelante la norma sin obstáculos, pero el error técnico ha alterado el calendario previsto.
El objetivo de la ley es que, desde el momento en que se certifique el embarazo, la familia pueda contar con un miembro más a efectos administrativos. Según el Gobierno madrileño, esta medida busca ofrecer alternativas a las mujeres antes de que opten por interrumpir el embarazo. La retirada temporal del texto supone un revés para el ala más conservadora del Ejecutivo autonómico, que había impulsado la propuesta como parte de su agenda social.
La suspensión no implica la renuncia definitiva al proyecto. Todo apunta a que la ley volverá a la Asamblea tras el verano, una vez corregidos los defectos señalados por los servicios jurídicos. El caso pone de relieve la importancia de la revisión legal en la tramitación de nuevas normas autonómicas, especialmente en materias sensibles como la protección del concebido no nacido. En España, la legislación sobre derechos del feto y protección de la maternidad varía según la comunidad autónoma, aunque la normativa estatal marca los límites principales. La Comunidad de Madrid ya ha impulsado en los últimos años varias medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, en línea con la tendencia de reforzar políticas demográficas en distintas regiones.
