El Gobierno regional compró un ático de lujo para la oficina de Isabel Díaz Ayuso. La operación generó controversia y la Comunidad de Madrid ha decidido poner el inmueble a la venta.
La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás en la compra de un ático de lujo en Chamberí, adquirido inicialmente para servir como oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la reforma de la sede oficial. La operación, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, desató una fuerte polémica por la falta de transparencia sobre el precio —que expertos estiman en torno a seis millones de euros— y por la idoneidad del inmueble para uso administrativo.
El escándalo estalló en pleno verano, periodo habitualmente tranquilo en la política madrileña, tras la publicación de la noticia por EL PAÍS. El equipo de Ayuso reconoció que no anticipó el impacto negativo de la operación, que se complicó aún más al conocerse que el ático no podía destinarse legalmente a oficinas. En menos de 48 horas, la Comunidad anunció la venta del inmueble, asegurando que la transacción se cerrará en breve y que incluso podría reportar beneficios.
La elección de Chamberí y la palabra “ático” resultaron especialmente sensibles para la imagen de la presidenta, ya que su pareja, Alberto González Amador, posee dos pisos de lujo en ese barrio y está pendiente de juicio por un presunto delito fiscal. Estos antecedentes han alimentado el debate sobre la conveniencia de cualquier movimiento inmobiliario vinculado a Ayuso en esa zona, incrementando el riesgo reputacional para el Gobierno regional.
Fuentes del entorno de la presidenta admiten que la distancia temporal respecto al traslado hizo que el asunto pasara desapercibido hasta ahora. La discusión sobre la ubicación de la oficina se preveía para finales de octubre o principios de noviembre, pero la polémica ha obligado a adelantar decisiones. El equipo insiste en que nunca se contempló convertir el ático en residencia oficial, una figura que no existe en la Comunidad de Madrid, y recalca que la operación era más austera que otras realizadas en el pasado por responsables políticos.
La rectificación ha generado desconcierto incluso dentro del Partido Popular. Minutos antes del anuncio de la venta, el secretario general del PP, Miguel Tellado, defendía públicamente la compra, quedando desautorizado poco después. Paralelamente, se supo que González Amador ha puesto en venta uno de sus pisos en Chamberí, lo que ha añadido más atención mediática al caso.
La controversia por la adquisición de inmuebles de alto valor para uso institucional no es nueva en Madrid. En ocasiones anteriores, como recuerda un análisis reciente sobre la compra de otro ático de lujo para la presidenta, la justificación del gasto público y la transparencia en las operaciones han sido objeto de debate político y social.
En España, la compra de propiedades para uso de altos cargos suele estar sujeta a un escrutinio especial, especialmente cuando se trata de zonas exclusivas o importes elevados. La falta de comunicación oficial sobre el precio y el destino del ático ha intensificado la presión sobre el Gobierno regional. Además, la situación se produce en un contexto de sensibilidad social por el acceso a la vivienda y el uso de fondos públicos. La decisión de vender el inmueble busca cerrar una crisis inesperada, aunque el episodio deja en evidencia la importancia de la gestión de imagen y la transparencia en la administración autonómica.
