El 54% de los españoles percibe poca independencia judicial. Polémicas recientes y sanciones mínimas a jueces reavivan el debate sobre el control y la imparcialidad en los tribunales.
La percepción de falta de independencia en la justicia española ha escalado hasta cifras inéditas, situando a España entre los países de la Unión Europea con mayor desconfianza ciudadana hacia sus jueces. Según el Eurobarómetro, el 54% de los españoles considera que la independencia judicial es mala o muy mala, superando ampliamente la media europea y solo por detrás de Bulgaria, Croacia y Grecia.
El debate se ha intensificado tras varias decisiones controvertidas en los tribunales, como la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En menos de dos años, el magistrado pasó de rechazar la retirada de pasaporte a imponerle la prohibición de viajar al extranjero, argumentando posibles riesgos de fuga con la colaboración de agentes de seguridad. Estas resoluciones han sido revocadas en numerosas ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo, que han señalado la falta de motivación y fundamento en sus decisiones.
La polémica no se limita a este caso. Otras investigaciones que afectan tanto al PSOE como al PP, como los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez, José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Kitchen o el proceso contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, han alimentado la discusión pública y parlamentaria sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Mientras miembros del Poder Judicial critican la injerencia política, algunos dirigentes políticos sugieren incluso la existencia de conspiraciones para desestabilizar al Gobierno.
El sistema disciplinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el centro de la controversia. Magistrados y expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que el mecanismo de control interno no cumple su función de garantizar la confianza social. Las sanciones a jueces por conductas inapropiadas son escasas y, cuando se imponen, suelen ser leves o anuladas por cuestiones de procedimiento. Ejemplo de ello es la reciente decisión de no sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara por comentarios despectivos en redes sociales, pese a la oposición de los vocales progresistas del CGPJ.
La lentitud en la tramitación de expedientes disciplinarios y la tendencia al corporativismo dentro del órgano sancionador agravan la situación. Muchos procedimientos se archivan o se resuelven con multas poco disuasorias, mientras que los retrasos en la redacción de sentencias y la acumulación de juicios para años futuros generan frustración entre los ciudadanos. El caso de Juan de Dios Anguita, sancionado con 12 años de suspensión y posteriormente absuelto por el Supremo por exceso de plazo, ilustra las dificultades para aplicar medidas efectivas.
En el ámbito penal, la condena de jueces por prevaricación es excepcional. Los casos de Gómez de Liaño y Baltasar Garzón muestran la complejidad de demostrar el dolo y la dificultad de garantizar la imparcialidad en los procesos internos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a calificar de "arbitraria" la condena a Garzón, instando a España a reparar el daño, sin éxito.
Otro foco de desconfianza es la filtración de información de investigaciones judiciales en curso, práctica habitual en España pero rara en otros países europeos. Las condenas por revelación de secretos, como la del exfiscal general Álvaro García Ortiz, han sido calificadas de desproporcionadas por algunos expertos, que reclaman actuar sobre quienes filtran y no sobre quienes publican.
La percepción de arbitrariedad se agrava por la disparidad en la velocidad de los procedimientos. Aunque algunos casos avanzan con rapidez y otros se eternizan, los expertos señalan que esto responde más a la carga desigual de trabajo en los tribunales que a un sesgo político deliberado. El aforamiento de cargos públicos y la sobrecarga de órganos como la Audiencia Nacional contribuyen a la demora de procesos relevantes, como el caso Kitchen o el de Jorge Fernández Díaz.
En España, el CGPJ cuenta con unos 5.800 jueces y su comisión disciplinaria impuso en el último año 15 sanciones, entre suspensiones y multas, sobre un total de 17 expedientes. La falta de confianza en la justicia tiene consecuencias directas: muchos ciudadanos desisten de acudir a los tribunales por temor a la lentitud y el coste de los procesos. El informe europeo recuerda que la percepción de independencia judicial es clave para la legitimidad del sistema y la cohesión social.
