Un informe policial revela que Servinabar canalizó comisiones irregulares y pagó gastos personales de Santos Cerdán y su entorno. La empresa recibió casi todo su dinero de Acciona y firmas bajo investigación.
La investigación sobre la empresa navarra Servinabar 2000 ha dado un giro relevante tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el documento, casi el 90% de los fondos que manejó la constructora entre 2015 y 2025 procedía de Acciona y de compañías actualmente bajo investigación en el conocido ‘caso Leire’. El informe, al que tuvo acceso EL PAÍS, detalla que Servinabar se convirtió en el centro de una trama de comisiones irregulares vinculadas a la adjudicación de obras públicas, con la implicación de figuras como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La UCO sostiene que, aunque Servinabar era una empresa poco conocida en Navarra desde su constitución en 2015, en los últimos años fue utilizada como vehículo para canalizar beneficios y pagos a favor de Santos Cerdán y su familia. Entre los gastos sufragados por la empresa figuran alquileres de viviendas en Madrid, renting de vehículos, compras de mobiliario, uso de tarjetas de crédito y contratos laborales para familiares. El informe cifra en al menos 323.178 euros los beneficios disfrutados por el entorno de Cerdán entre 2015 y 2024.
Uno de los puntos clave de la investigación es la supuesta participación de Santos Cerdán como socio oculto de Servinabar. Según los agentes, en junio de 2016 habría adquirido el 45% del capital social a su amigo, el empresario Joseba Antxón Alonso. Sin embargo, la defensa de Cerdán niega que la operación llegara a formalizarse, y la Guardia Civil no ha hallado pruebas concluyentes del pago de 6.000 euros por la compra de las participaciones. A pesar de ello, el informe patrimonial subraya la relación de amistad y colaboración entre ambos, lo que explicaría el flujo de fondos y beneficios hacia la familia Cerdán.
El análisis de las cuentas de Servinabar revela que, entre 2019 y 2023, periodo que coincide con la etapa ministerial de Ábalos y el ascenso de Cerdán en el PSOE, los beneficios para la familia alcanzaron su máximo. En esos años, Acciona fue prácticamente la única fuente de ingresos de la empresa, llegando a representar el 99,8% en 2020. El resto de los ingresos provenía de empresas investigadas en el ‘caso Leire’ y, en menor medida, de personas físicas y otras sociedades vinculadas al entorno de Cerdán.
Entre los productos financieros gestionados por Servinabar, la UCO identificó 21 tarjetas de crédito, una de las cuales fue utilizada por Santos Cerdán para gastos personales. Esta tarjeta, activa entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, registró 437 pagos en restaurantes, transporte, alojamiento y comercios, por un total de 33.711 euros. Destacan 26 cargos en localidades vinculadas a la familia, como Milagro (Navarra) y Los Corrales (Sevilla), la mayoría realizados en fines de semana o festivos. Además, el informe menciona multas de tráfico asociadas a un vehículo de renting pagado por Servinabar y utilizado tanto por Koldo García como por Cerdán.
El caso de Servinabar se suma a una serie de investigaciones recientes sobre corrupción y gestión de fondos públicos en España. En este contexto, la atención mediática sobre figuras clave de la política y la seguridad nacional ha sido constante, como ocurrió con el fallecimiento de Javier Calderón, exdirector del Cesid y del CNI, cuya trayectoria fue analizada en un reportaje sobre su papel en la inteligencia española.
En el contexto de la lucha contra la corrupción en España, la UCO y la Audiencia Nacional han intensificado el seguimiento de empresas y políticos vinculados a adjudicaciones públicas. El ‘caso Leire’ es uno de los procedimientos más relevantes en la actualidad, con ramificaciones en varias comunidades autónomas. Acciona, como empresa cotizada en el Ibex 35, ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos, lo que ha motivado un escrutinio especial sobre sus relaciones comerciales. La utilización de sociedades interpuestas y la canalización de fondos a través de cooperativas como Noran o Erkolan son prácticas que, según los investigadores, dificultan la trazabilidad del dinero y la identificación de los beneficiarios finales. El seguimiento de los movimientos bancarios y el análisis de los productos financieros han permitido a la Guardia Civil reconstruir parte del entramado económico, aunque la ausencia de pruebas documentales directas sobre la participación accionarial de Cerdán mantiene abiertas varias líneas de investigación.
