La Fiscalía solicita interrogar a los máximos responsables de Plus Ultra tras señalar por escrito a José Luis Rodríguez Zapatero en la gestión del rescate público. El caso suma nuevas declaraciones y mantiene la tensión judicial.
El caso Plus Ultra da un giro relevante tras la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar la declaración de los principales directivos de la aerolínea. La petición llega después de que tanto el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, como el director financiero, Roberto Roselli, hayan remitido escritos al juez José Luis Calama en los que atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gestiones para facilitar el rescate público de la empresa. Esta nueva línea de colaboración de la cúpula de Plus Ultra con la investigación sitúa el foco judicial sobre sus actuaciones y abre un escenario inédito en el sumario.
Hasta ahora, Martínez Sola y Roselli habían optado por no declarar tras su detención en diciembre del año pasado. Incluso en una comparecencia en el Senado, el presidente de Plus Ultra defendió la legalidad del proceso y negó cualquier trato de favor. Sin embargo, el reciente cambio de estrategia, reflejado en los escritos enviados a la Audiencia Nacional, reconoce que la contratación de Julio Martínez Martínez —empresario con vínculos personales y laborales con Zapatero— se realizó con el objetivo de influir en la concesión de la ayuda pública, asumiendo el pago de una comisión del 1% bajo el concepto de "labores de acompañamiento".
La Fiscalía considera que, tras estas revelaciones, es imprescindible escuchar en sede judicial a los directivos implicados. Por el momento, el juez Calama no prevé nuevas declaraciones hasta después del verano, aunque aún debe fijar fecha para interrogar a otros imputados, como las hijas del presidente de la aerolínea y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Además, la asociación Hazte Oír, personada como acusación popular, ha anunciado que solicitará la comparecencia de varios ex altos cargos del Gobierno y de la SEPI, responsables de supervisar el rescate a Plus Ultra en 2021.
En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, la Fiscalía no ve necesario citarle de nuevo mientras no se le atribuyan nuevos delitos. El expresidente sigue pendiente de aclarar el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que le fueron incautadas por la UDEF durante el registro de su oficina, una pieza separada en la que se le imputan delitos de contrabando y contra la Hacienda pública. En su última comparecencia ante el juez, Zapatero se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto y solicitó más tiempo para responder sobre la procedencia de las alhajas.
El cambio de postura de la dirección de Plus Ultra se produce semanas después de que Zapatero defendiera públicamente su inocencia y transparencia en un comunicado, tras su declaración ante el juez Calama. Desde entonces, el expresidente ha optado por el silencio y no ha respondido a las nuevas acusaciones. El caso mantiene la atención mediática y política, como ya ocurrió cuando el Gobierno reiteró su respaldo a Zapatero pese a la presión interna en el PSOE, según se recogía en una reciente cobertura de la situación en el Ejecutivo.
El caso Plus Ultra se enmarca en el contexto de los rescates públicos a empresas estratégicas durante la pandemia, gestionados por la SEPI. La investigación judicial busca esclarecer si existieron irregularidades o influencias indebidas en la concesión de ayudas. La evolución del sumario y las nuevas declaraciones previstas tras el verano serán clave para determinar posibles responsabilidades penales y políticas. El asunto sigue generando debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y el papel de figuras relevantes en la toma de decisiones.
