La justicia archiva la investigación sobre Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas que indagaban en la vivienda de Ayuso. El auto descarta pruebas de obtención ilícita y considera que no hubo revelación de secretos.
El Juzgado de Instrucción ha decidido archivar la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la difusión de la imagen y los nombres de dos periodistas de EL PAÍS que trabajaban en los alrededores de la vivienda de Isabel Díaz Ayuso. La jueza concluye que no existen pruebas de que Rodríguez obtuviera los datos de forma irregular ni que la información compartida incluyera datos reservados o personales, descartando así la acusación de revelación de secretos.
La decisión judicial llega tras la declaración del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien confirmó que fue él quien facilitó la imagen a Rodríguez, obtenida a través de un vecino. González Amador aportó además otras imágenes y mensajes de un chat vecinal donde se comentaba la presencia de los reporteros, aunque no pudo presentar su conversación directa con Rodríguez, alegando que ya no la conservaba.
Durante la instrucción, la jueza no tomó declaración a los agentes de seguridad que identificaron a los periodistas el 19 de marzo de 2024, día en que los reporteros acudieron a la zona para investigar posibles irregularidades urbanísticas en la vivienda de la presidenta y su pareja. Según la investigación, un policía nacional de paisano, miembro del equipo de seguridad de Ayuso, solicitó la identificación a los periodistas y comunicó a sus compañeros la presencia de los informadores.
Pocas horas después, el equipo de Ayuso difundió entre varios periodistas un mensaje con los nombres y la foto de los redactores de EL PAÍS, acompañado de acusaciones de acoso a vecinos y menores, y críticas a la falta de vigilancia policial permanente en la vivienda de la presidenta. La información, que fue replicada por varios medios digitales sin verificación, generó polémica sobre la protección de datos y el papel de los equipos de seguridad en la filtración.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron en su momento que los nombres de los reporteros fueron trasladados por el equipo de seguridad de la presidenta, aunque el responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid negó haber recibido información de los agentes o haber contactado con Rodríguez ese día. El propio jefe de gabinete reconoció ante la jueza haber difundido los datos, pero insistió en que no los obtuvo del equipo de seguridad, sino que ya conocía a los periodistas por su trabajo en Madrid.
El caso fue impulsado por una querella del PSOE, a la que se sumó EL PAÍS, inicialmente rechazada pero reabierta por la Audiencia Provincial, aunque solo dirigida contra Rodríguez. Finalmente, la jueza ha determinado que no se ha acreditado la obtención ilícita de los datos ni la difusión de información reservada, por lo que archiva la causa.
El contexto de la investigación periodística giraba en torno a las obras realizadas en el piso de González Amador, donde los reporteros detectaron órdenes municipales de paralización. A pesar de estas órdenes, las obras se ejecutaron y González Amador evitó la sanción gracias a un resquicio administrativo: el Ayuntamiento respondió con un texto idéntico a la segunda solicitud de obra, lo que permitió a la pareja de Ayuso anular la sanción en los tribunales. El Consistorio no recurrió y, en noviembre de 2025, González Amador adquirió el ático.
Este caso se suma a otros recientes en los que la justicia ha archivado procedimientos por falta de pruebas o contradicciones en las declaraciones, como ocurrió en la investigación sobre reuniones de fiscales con implicados en tramas judiciales, detallada en un reportaje sobre la citación de fiscales por el juez Pedraz.
En cuanto al trasfondo inmobiliario, el piso donde se realizaron las obras fue adquirido por González Amador tras un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. El caso ha puesto de relieve la complejidad de los procedimientos administrativos en materia urbanística y la dificultad de sancionar irregularidades cuando existen vacíos legales o respuestas administrativas defectuosas. Además, la difusión de datos personales de periodistas en el contexto de investigaciones sensibles ha reabierto el debate sobre los límites de la protección de datos y la responsabilidad de los cargos públicos en la gestión de información privada.
