Un juzgado de Santander propone juzgar a dos jóvenes por lanzar artefactos explosivos en la sede del PSOE durante una charla sobre memoria democrática. El PSOE solicita más de 14 años de prisión. El caso revela vínculos con La Falange.
La magistrada Mercedes Compostizo ha solicitado que dos jóvenes, Miguel Toribio y René Odriozola, sean juzgados por el ataque con explosivos contra la sede del PSOE en Santander, ocurrido en abril de 2025 durante una conferencia sobre memoria democrática. La decisión llega tras considerar que existen pruebas suficientes de que ambos, motivados por una ideología radical, planificaron y ejecutaron el atentado mientras más de cincuenta personas, entre ellas cargos públicos y representantes institucionales, participaban en el acto.
Según la investigación, Odriozola accedió encapuchado al local y depositó dos garrafas con artefactos explosivos caseros detrás de la silla de una asistente. Los dispositivos, fabricados con aluminio y ácido clorhídrico, fueron activados a distancia segundos después, aunque la rápida reacción de una de las presentes evitó daños mayores al sacar las botellas al exterior, donde finalmente explotaron. La mujer sufrió posteriormente lesiones psicológicas y requirió atención médica.
El sumario detalla que Toribio y Odriozola actuaron de forma coordinada: uno investigó la fabricación de los explosivos y transportó el material, mientras el otro ejecutó el ataque. Entre las pruebas figuran imágenes de cámaras de seguridad, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones y una nota manuscrita hallada en una de las garrafas con el mensaje: “Frente a mentiras revanchistas, PSOE satanás”. La policía vincula a ambos con La Falange y destaca que uno de los acusados es hijo de una alcaldesa del PP en Cantabria.
La magistrada aprecia indicios de delitos de fabricación de explosivos, tentativa de alteración del derecho de reunión y lesiones. El PSOE, que ejerce la acusación, solicita una condena de 14 años y 9 meses de prisión e incluye además delitos de odio y atentado contra la autoridad. El escrito de acusación subraya la gravedad del ataque y el riesgo real para los asistentes, señalando que solo la intervención inmediata evitó una tragedia mayor en un espacio cerrado y concurrido.
El contexto de este atentado se enmarca en una escalada de acciones violentas y hostigamiento contra el PSOE desde el inicio de la legislatura, que ha incluido actos vandálicos, ciberataques y protestas de extrema derecha ante la sede nacional del partido en Madrid. En uno de estos episodios, manifestantes llegaron a golpear un muñeco que representaba al presidente Pedro Sánchez, mientras coreaban consignas amenazantes. Tras el ataque en Santander, Sánchez expresó públicamente su apoyo a los militantes cántabros y reafirmó el compromiso del partido con la memoria democrática.
La investigación policial ha sido clave para identificar a los presuntos autores y reconstruir los hechos. El caso pone de relieve la preocupación por la radicalización y el uso de la violencia política en España, un fenómeno que ha generado debate en los últimos años. En este contexto, la justicia española ha afrontado otros procesos de alto perfil, como el reciente respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid al juicio contra Begoña Gómez por malversación, lo que refleja la atención creciente sobre la actuación de los tribunales en casos sensibles (más detalles sobre procesos judiciales recientes).
El ataque a la sede del PSOE en Santander se suma a una serie de incidentes que han puesto en el centro del debate la seguridad de los espacios políticos y la protección de los derechos fundamentales. La Ley de Memoria Democrática, que motivó la conferencia atacada, sigue siendo objeto de controversia y movilización en distintos sectores. El desarrollo del juicio y la respuesta judicial serán seguidos de cerca por la opinión pública y las formaciones políticas, en un clima de tensión creciente en torno a la convivencia democrática en España.
