La OCDE señala carencias en la educación catalana y exige reformas. El informe pide más autonomía para directores, mejor formación docente y recursos según la complejidad escolar. El Govern afronta el reto tras años de malos resultados.
El sistema educativo catalán vuelve a estar en el centro del debate tras la publicación del informe de la OCDE encargado por el Govern. El documento, presentado este lunes, advierte de la necesidad de reformas urgentes para revertir el deterioro de los resultados académicos y reducir las desigualdades persistentes. Entre las prioridades marcadas destacan el refuerzo del liderazgo en las direcciones escolares, la mejora de la formación inicial y continua del profesorado, y una financiación más ajustada a la realidad de cada centro.
El informe, titulado Mejorar los resultados del aprendizaje en Cataluña, identifica seis líneas de actuación clave. La primera es dotar a los equipos directivos de mayor capacidad de decisión, especialmente en la selección de docentes y la gestión de recursos. La OCDE considera que la autonomía de las direcciones es insuficiente y que la burocracia limita su papel pedagógico. Además, se recomienda desarrollar una carrera docente que permita a los profesores especializarse o asumir funciones de mentoría, así como mejorar la formación universitaria para hacerla más práctica y adaptada a las necesidades reales del aula.
En materia de inclusión, el organismo europeo pone el foco en la segregación escolar y la atención a los alumnos vulnerables. Propone reforzar el apoyo emocional y psicológico en los centros, revisar los criterios de admisión para combatir la concentración de estudiantes con dificultades y asignar recursos en función de la complejidad de cada escuela. La OCDE subraya que la formación de los docentes en prácticas inclusivas es más relevante que el simple aumento de plantillas.
Respecto a la evaluación, el informe reconoce que Cataluña dispone de abundantes datos sobre el rendimiento de los alumnos, pero critica que estos apenas se traducen en políticas o medidas concretas. Se insta a transformar la información recogida en acciones efectivas que mejoren los resultados y reduzcan las brechas existentes. En cuanto a la financiación, la recomendación es clara: definir prioridades y asignar los recursos en función de ellas, evitando repartos homogéneos que no reflejan la diversidad de situaciones.
El encargo del estudio a la OCDE, con un coste de 1,5 millones de euros, generó controversia desde el inicio. Algunos sectores consideraban innecesario esperar un nuevo diagnóstico cuando expertos locales ya habían analizado el sistema meses antes. Sin embargo, el Govern apostó por un plan a medio plazo: diagnóstico en 2025, implementación de medidas en 2026, consolidación en 2027 y difusión en 2028. La presentación del informe coincide con un contexto de preocupación por los resultados de los alumnos catalanes en pruebas como PISA y las evaluaciones internas de la Generalitat.
El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha reconocido que el principal obstáculo no ha sido la falta de diagnóstico, sino la ausencia de recursos para aplicar las soluciones. El informe también reabre el debate sobre el sistema de selección de docentes, ya que la propuesta de dar más poder a las direcciones choca con la oposición sindical, que teme prácticas de favoritismo. El Departament d'Educació, en recientes acuerdos, ha limitado este sistema tras las críticas de los sindicatos.
El análisis de la OCDE sitúa a Cataluña en una posición de fortaleza en cuanto a participación y contexto institucional, pero advierte que las desigualdades socioeconómicas y el descenso en los resultados de aprendizaje requieren respuestas inmediatas. El reto para el nuevo Govern es transformar las recomendaciones en cambios tangibles en las aulas. En el contexto de reformas educativas, otras regiones también han afrontado tensiones internas al impulsar cambios, como ocurrió recientemente con el proceso de primarias en Madrid y Valencia, que generó fricciones dentro del PSOE (más detalles sobre la gestión de reformas en partidos y administraciones).
Como contexto, la OCDE es una organización internacional que asesora a gobiernos en políticas públicas y es responsable de las pruebas PISA, referencia mundial en evaluación educativa. Cataluña, con más de 1,5 millones de alumnos en enseñanzas no universitarias, ha visto cómo sus resultados en competencias básicas han caído en la última década. El debate sobre la financiación y la autonomía de los centros es recurrente en España, donde la descentralización educativa permite a las comunidades adaptar sus modelos, pero también genera diferencias notables en recursos y resultados. El informe de la OCDE puede marcar un punto de inflexión si el Govern logra superar las resistencias internas y dotar al sistema de los medios necesarios para aplicar las reformas propuestas.
