La tasa de pobreza material severa en Cataluña sube al 8,9%. Más de 700.000 personas viven en situación crítica. Las ayudas públicas no alcanzan a la mayoría de los afectados.
La pobreza material severa en Cataluña ha aumentado en los últimos años, alcanzando ya al 8,9% de la población, según los datos más recientes de la Generalitat. Esto supone que más de 700.000 personas viven en condiciones de extrema precariedad, a pesar de la existencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), aprobada en 2017 como un derecho subjetivo y exigible al Estado.
Desde la entrada en vigor de la RGC, la situación lejos de mejorar se ha agravado. En 2017, la pobreza extrema afectaba al 6,7% de los catalanes. Hoy, tras la pandemia y el impacto del procés, la cifra ha subido dos puntos. Además, el número de beneficiarios de la prestación ha disminuido: entre marzo de 2025 y febrero pasado, 16.110 personas menos reciben la ayuda, pasando de 143.019 a 126.919 perceptores.
El alcance de la RGC es limitado. Solo un 13,3% de quienes sufren pobreza material severa acceden a esta prestación, según la Sindicatura de Greuges. Si se suma el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de cobertura estatal, la cobertura conjunta apenas llega al 41,5% de los más necesitados. El Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) advierte que la tasa de cobertura es insuficiente y no permite a las familias, especialmente con menores, salir de la pobreza severa.
Las ayudas económicas tampoco compensan el coste de la vida. La RGC ofrece 801,85 euros mensuales para una persona, mientras que el IMV se sitúa en 733,60 euros. Sin embargo, el alquiler medio en Barcelona ronda los 1.155 euros al mes, lo que deja a muchos hogares en una situación insostenible. Además, la gestión de ambas prestaciones sigue siendo compleja y no existe un sistema unificado para solicitarlas.
Ante este escenario, tanto la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular que impulsó la RGC como la Taula d’Entitats del Tercer Sector han remitido una carta a los grupos parlamentarios. Proponen acortar los plazos para acceder a la prestación, mejorar la gestión y unificar los trámites de la RGC y el IMV en una sola ventanilla. El objetivo es agilizar el acceso y evitar que las ayudas de subsistencia lleguen tarde o de forma parcial.
El problema afecta especialmente a los menores: 179.000 niños viven en pobreza extrema en Cataluña. La tasa de riesgo de pobreza entre asalariados se sitúa cerca del 12%, según Ivàlua. Las organizaciones sociales insisten en que es urgente revisar la ley vigente en el Parlament para aumentar la eficacia de las ayudas y proteger a los colectivos más vulnerables.
El debate sobre la eficacia de las políticas sociales en Cataluña se produce en un contexto de tensiones políticas y cambios legislativos. Recientemente, la cuestión de la protección social y la gestión de competencias ha generado controversia, como ocurrió con la ley para reforzar la independencia de la Agència Catalana de Notícies, que también buscaba limitar la influencia estatal en ámbitos clave (más detalles sobre la reforma de la agencia pública catalana).
En este contexto, la izquierda ha impulsado medidas para aliviar la situación de los sectores más vulnerables, pero los datos muestran que los esfuerzos no han sido suficientes. La reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la protección contra la pobreza energética en Cataluña, al considerar que invade competencias estatales, añade presión sobre las administraciones autonómicas. La revisión de la ley de la RGC y la mejora de la coordinación con el IMV aparecen como pasos necesarios para evitar que la pobreza extrema siga creciendo en la región.
En España, la pobreza infantil y la exclusión social siguen siendo desafíos estructurales. Cataluña, pese a contar con una de las rentas mínimas más avanzadas, enfrenta dificultades para garantizar una cobertura efectiva. El acceso a la vivienda, el empleo precario y la inflación agravan la situación de los hogares más frágiles. Las organizaciones sociales reclaman una respuesta más ágil y coordinada entre administraciones para que las ayudas lleguen realmente a quienes más lo necesitan.
