El Govern catalán impulsa una ley propia para la Agència Catalana de Notícies. El objetivo es reforzar su independencia y limitar la influencia política. El texto prevé cambios en la dirección y el consejo de administración.
La Agència Catalana de Notícies (ACN) tendrá por primera vez un marco legal propio, diseñado para reforzar su independencia editorial y limitar la injerencia política en su funcionamiento. El Govern ha presentado el anteproyecto de ley que, según lo previsto, podría ser aprobado por el Parlament en 2027. Esta iniciativa responde a la demanda de dotar a la agencia de un régimen jurídico específico y de mecanismos que garanticen su papel como servicio público informativo en Cataluña.
El texto, que inicia ahora el trámite de audiencia pública, establece que la dirección de la ACN dejará de estar vinculada directamente al Govern. Hasta ahora, el presidente de la agencia era el secretario de comunicación del Ejecutivo catalán, una situación que el propio Carles Escolà, actual responsable, ha calificado de anómala. Con la nueva ley, el director será elegido mediante concurso público y deberá comparecer anualmente ante el Parlament para rendir cuentas de su gestión.
El consejo de administración también sufrirá cambios relevantes. Estará compuesto mayoritariamente por miembros independientes, hasta un máximo de seis, con el objetivo de reforzar la pluralidad y la autonomía de la agencia. Dos de los miembros serán designados por el Govern y la presidencia del consejo será rotatoria. Estas medidas buscan evitar la politización y asegurar un control parlamentario efectivo sobre la actividad de la ACN.
La agencia, fundada en 1999 en Girona bajo el impulso de Carles Puigdemont, ha pasado por varias etapas en sus 26 años de historia. Actualmente, es una empresa pública dependiente al cien por cien de la Generalitat, tras la salida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de su accionariado. La ACN cuenta con 75 empleados repartidos entre Barcelona, delegaciones territoriales, Madrid y Bruselas, y está dirigida por la periodista Eva Arderius.
El anteproyecto de ley también introduce un contrato programa que dotará a la agencia de un marco financiero más estable. El presupuesto público anual asciende a 4,7 millones de euros, a los que se suman 1,5 millones procedentes de abonados. Según el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Joan Maria Morros, este nuevo marco permitirá a la ACN planificar a medio plazo y garantizar su viabilidad, menos expuesta a los cambios de gobierno.
La tramitación de la norma comenzó hace nueve meses y ahora se abre el periodo de aportaciones públicas, que se extenderá hasta la primera quincena de septiembre. El texto está disponible en el portal de Transparencia de la Generalitat, donde las entidades sectoriales pueden presentar observaciones. Este proceso se enmarca en una tendencia más amplia de revisión de los organismos públicos en Cataluña, como ya ocurrió con la coordinación metropolitana, destacada recientemente por el Parlament en el aniversario del Área Metropolitana de Barcelona (ver el análisis sobre el consenso institucional en la AMB).
La futura ley de la ACN busca consolidar la misión de la agencia como referente informativo para los medios locales en catalán y dotarla de mayor estabilidad jurídica y financiera. El proceso legislativo, que ahora entra en fase de consulta pública, será clave para definir el modelo de agencia pública en Cataluña en los próximos años.
La Agència Catalana de Notícies es uno de los principales proveedores de información para medios locales y regionales en Cataluña. Su creación respondió a la necesidad de ofrecer cobertura informativa en catalán en todo el territorio. La independencia editorial de las agencias públicas es un tema recurrente en Europa, donde distintos países han adoptado modelos de gobernanza para evitar la influencia política directa. El caso de la ACN se suma a otros procesos de reforma institucional en Cataluña, en un contexto de debate sobre la transparencia y la pluralidad en los medios públicos.
