La Síndica de Greuges reclama 944 millones de euros para cubrir la infrafinanciación educativa. El informe detalla el alza de costes y la carga económica para las familias. El Govern mantiene diferencias en las ayudas entre pública y concertada.
La Síndica de Greuges ha puesto sobre la mesa una cifra contundente: 944 millones de euros adicionales serían necesarios para que la educación en Cataluña sea realmente gratuita. Así lo recoge el último informe del organismo, que actualiza el cálculo del coste de la plaza escolar y denuncia que, pese al aumento presupuestario de la Generalitat en los últimos años, la infrafinanciación persiste y las desigualdades entre centros no se han reducido.
El estudio, presentado este miércoles, señala que el gasto público en educación ha crecido un 35% desde 2019, pero este esfuerzo no se ha traducido en una mejora tangible para las familias ni en una reducción de las cuotas que deben abonar. Según la Síndica, el sistema educativo catalán arrastra cuatro grandes problemas: la falta de financiación, el elevado desembolso que asumen las familias, la desigualdad entre centros según la concentración de alumnado vulnerable y la falta de actualización en la clasificación de los centros.
Uno de los datos más llamativos del informe es el coste real que afrontan las familias: cerca de 1.000 euros anuales en la escuela pública y hasta 3.900 en la concertada. Además, el documento advierte de la ausencia de mecanismos efectivos para controlar las cuotas y otras prácticas que, en algunos casos, encarecen servicios como el comedor escolar en los centros concertados.
El análisis también revela que la financiación y medidas como la reducción de ratios se aplican de forma lineal, sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada centro. Esto provoca que los colegios con mayor concentración de alumnado vulnerable dispongan de menos recursos reales, mientras que aquellos con menos complejidad pueden recurrir a mayores aportaciones familiares para impulsar proyectos educativos más costosos.
En cuanto al coste actualizado de la plaza escolar, el informe cifra el gasto en 6.233 euros para primaria y 8.118 para la ESO en la pública, frente a 5.462 y 6.067 euros respectivamente en la concertada. La diferencia principal, según la Síndica, radica en las mejores condiciones laborales del profesorado público, como una jornada lectiva más reducida. Desde 2020, el coste de la plaza ha subido hasta un 26% en la pública y un 21% en la concertada, impulsado por la inflación, la reducción de ratios y el aumento de alumnado con necesidades especiales.
El informe también revisa el sistema de ayudas conocido como 'mochilas económicas', creado para compensar la segregación escolar y facilitar la gratuidad. Actualmente, la ayuda es de 385 euros en la pública y 988 en la concertada, pero la Síndica considera que estos importes están desfasados y resultan insuficientes, especialmente en la ESO. Propone elevarlos a 457 euros en la pública y 1.175 en la concertada, aunque el Govern solo ha incrementado la ayuda para la concertada, situándola en 1.182 euros, y mantiene sin cambios la de la pública.
El proceso de actualización del informe ha sufrido casi dos años de retraso debido a cambios de Govern, demoras en la creación de la comisión encargada y problemas internos en la propia institución. A pesar de ello, la Generalitat decidió en marzo aumentar la ayuda para la concertada sin esperar las conclusiones del estudio. La Síndica ha evitado pronunciarse sobre este retraso y sobre la decisión del Govern.
En el contexto español, la financiación de la educación pública y concertada es un tema recurrente en el debate político y social. Cataluña, como otras comunidades autónomas, gestiona sus propios recursos educativos, lo que genera diferencias en la inversión y en el acceso a ayudas. El informe de la Síndica de Greuges subraya la necesidad de revisar los criterios de reparto y de adaptar las ayudas a la realidad de cada centro, especialmente ante el aumento del alumnado vulnerable. La presión inflacionaria y las demandas de mejora en las condiciones laborales del profesorado han elevado los costes, mientras que las familias siguen asumiendo una parte significativa del gasto escolar. La discusión sobre la equidad y la suficiencia de la financiación educativa sigue abierta en toda España.
