La UCO halló en el despacho del DAO la única copia de expedientes reservados sobre agentes que investigaban al entorno de Pedro Sánchez. El hallazgo destapa una grave anomalía en la gestión documental de la Guardia Civil.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó en el despacho del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, la única copia existente de dos expedientes reservados abiertos contra agentes que investigaban casos relacionados con el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. El hallazgo, confirmado por fuentes del cuerpo y del Estado Mayor, ha generado inquietud por la gestión y custodia de documentos oficiales en la sede central de la Guardia Civil en Madrid.
El 27 de mayo, un equipo de la UCO encabezado por el teniente coronel Antonio Balas acudió a la Dirección General para solicitar estos expedientes. Tras recorrer varios departamentos sin éxito, finalmente se les informó de que los documentos originales estaban bajo llave en el despacho del DAO. Según fuentes próximas a la investigación, esta situación es considerada “fuera de la norma”, ya que no existía copia digital ni registro en ningún otro departamento.
La custodia exclusiva de estos expedientes por parte de Llamas ha sido interpretada por los investigadores como una anomalía relevante, que pone de manifiesto el interés particular del DAO en el seguimiento de agentes que resultan incómodos para el Gobierno. Estos agentes estaban implicados en investigaciones judiciales que afectan tanto al PSOE como a familiares directos del presidente del Gobierno.
Días después de la intervención de la UCO, desde el Gobierno se filtró que Balas y su equipo habían actuado de forma excesiva al acceder al despacho de Llamas. Sin embargo, la entrada se produjo en el marco de una investigación judicial ordenada por el juez Santiago Pedraz, quien instruye la causa por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Tanto la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como el propio DAO, están citados a declarar el 16 de julio.
La apertura de los expedientes reservados se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Llamas ordenó investigar a los agentes de la UCO que actuaban como policía judicial para la juez Beatriz Biedma, encargada de las diligencias sobre David Sánchez, hermano del presidente. El motivo fue la inclusión en un informe de la UCO de la cuenta de correo electrónico utilizada por la esposa de Pedro Sánchez, tras aparecer mensajes dirigidos a su cuñada en la causa.
Paralelamente, las notas internas de la Guardia Civil alertaban de una campaña coordinada por Leire Díez y Santos Cerdán, con conocimiento de la directora Mercedes González, para desacreditar a la UCO. Las reuniones entre González y Díez, bajo la supuesta dirección de Cerdán, se celebraron en varias fechas clave entre 2024 y 2025, y en una de ellas se ofrecieron ventajas a un agente implicado en el caso Koldo a cambio de información contra los investigadores.
El 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota interna sobre la existencia de un grupo que buscaba desacreditar las investigaciones de la UCO, mencionando expresamente a Leire Díez y vinculando la estrategia a Santos Cerdán. Una nota similar fue emitida por la UCO el 6 de mayo y remitida al jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, quien la compartió con el DAO el 8 de mayo. Según Anticorrupción, el DAO ocultó la nota durante diez días, pese a su relevancia para la unidad.
La preocupación por la seguridad de los agentes llevó a establecer un servicio de contravigilancia sobre dos oficiales de la UCO. Además, se comprobó que Mercedes González, pese a conocer las notas de alerta, mantuvo contactos con Leire Díez incluso después de que se hicieran públicos mensajes clave en la investigación. El 29 de mayo de 2025, González se reunió con Llamas, López Malo, el entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y el teniente coronel Balas, sin informarles de sus comunicaciones previas con Díez, según las fiscales del caso.
Este episodio se suma a otros recientes en los que la gestión de documentos y la transparencia en investigaciones judiciales han estado bajo escrutinio. Por ejemplo, la presión sobre altos cargos políticos y policiales por la custodia de pruebas ya fue objeto de análisis en casos anteriores, como se detalla en el reportaje sobre la reapertura de la investigación a María Dolores de Cospedal tras la aparición de nuevos audios de Villarejo (más información aquí).
La investigación en curso pone el foco en la necesidad de reforzar los protocolos de custodia documental y la independencia de las unidades policiales en casos de alta sensibilidad política. El desarrollo de este caso será clave para determinar posibles responsabilidades y el impacto en la confianza institucional.
