Un informe de la Guardia Civil apunta a Santos Cerdán y Ana Mª Fuentes por facilitar recursos del PSOE para actividades ilícitas. El documento detalla el uso de fondos y personal del partido en operaciones bajo investigación judicial.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado en el centro de una presunta organización criminal a varios miembros clave de la estructura del PSOE, según un informe remitido a la Audiencia Nacional. Entre los señalados figuran el ex secretario de Organización Santos Cerdán, la gerente Ana Mª Fuentes y dos empleadas de Ferraz, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez Alonso. El documento, al que ha accedido Libertad Digital, describe cómo la estructura del partido habría sido utilizada para sufragar costes y cubrir necesidades logísticas de actividades bajo investigación judicial.
El informe detalla que, bajo la dirección de Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición de la trama tanto recursos económicos como personal y espacios para reuniones. Según la UCO, desde el inicio de las operaciones investigadas, el partido asumió gastos relacionados con viajes, alquiler de vehículos y otros servicios, facilitando así el desarrollo de las acciones cuestionadas.
En el caso de Ana Mª Fuentes, la Guardia Civil sostiene que, con la intermediación de otra persona y siguiendo instrucciones de Cerdán, habría falseado dos notas de encargo profesional. Estos documentos, vinculados a los despachos Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL e Ismael Oliver Romero, así como a Jacobo Teijelo Casanova, habrían servido para simular relaciones profesionales y justificar pagos a ambos abogados desde fondos del partido.
Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez Alonso, ambas empleadas en tareas administrativas y de secretaría, habrían colaborado en la gestión logística y administrativa de la organización. Entre sus funciones, según la UCO, se incluía la contratación de viajes y servicios para miembros de la trama, así como la coordinación de reuniones, todo ello sufragado por el PSOE. El informe subraya que la participación de estas empleadas fue esencial para asumir los costes de las operaciones investigadas y facilitar su desarrollo.
La Guardia Civil considera necesario analizar las comunicaciones móviles de las personas implicadas para profundizar en su grado de participación y esclarecer si recibieron instrucciones de terceros. El objetivo es determinar el alcance real de los gastos asumidos por el partido y la operativa empleada para canalizarlos.
Este caso se suma a otras investigaciones recientes sobre el uso de recursos públicos y estructuras institucionales para fines ajenos a su función, como ocurrió con la citación judicial a la cúpula de la Guardia Civil en Madrid por presunta prevaricación, un asunto que también generó presión interna y judicial, según se recogió en una cobertura anterior de Español News.
En el contexto español, la financiación de partidos y el uso de recursos internos para actividades no declaradas han sido objeto de atención judicial en varias ocasiones durante la última década. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias causas relacionadas con la gestión de fondos en formaciones políticas. El PSOE, como uno de los principales partidos del país, ha reiterado en otras ocasiones su compromiso con la transparencia, aunque estos nuevos indicios podrían reabrir el debate sobre los controles internos y la responsabilidad de los altos cargos en la gestión de recursos. La investigación de la UCO, que sigue en curso, podría tener implicaciones relevantes para la dirección del partido y para el funcionamiento de los mecanismos de control en las organizaciones políticas españolas.
