La Guardia Civil insiste en obtener datos de Hacienda para investigar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez solo autoriza acceso a cuentas bancarias. El conflicto complica el avance de la causa.
La investigación sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha entrado en una fase de tensión entre la Guardia Civil y el juzgado encargado del caso. La Unidad Central Operativa (UCO) considera imprescindible acceder a los datos tributarios de los implicados, pero el juez Antonio Viejo mantiene su negativa a facilitar esa información. Según un escrito judicial fechado el 17 de junio, conocido este miércoles, los agentes sostienen que la falta de acceso a los registros de Hacienda dificulta la detección de posibles movimientos económicos no declarados y limita el alcance de la investigación por presunto soborno relacionado con el grupo Quirónsalud.
La UCO había solicitado en diciembre autorización para examinar no solo cuentas bancarias, sino también datos fiscales y de la Seguridad Social de los investigados. Sin embargo, el juez solo permitió el rastreo de cuentas bancarias, decisión que se formalizó en un auto del 10 de junio, seis meses después de la petición inicial. Esta autorización afecta a decenas de cuentas en 16 entidades financieras, vinculadas al empresario Alberto González Amador, al presidente y director general de Quirónprevención, Fernando Camino, y a su esposa, la farmacéutica Gloria Carrasco.
Para los investigadores, el análisis bancario resulta insuficiente sin la posibilidad de contrastar la información con las declaraciones presentadas ante la Agencia Tributaria. La UCO subraya que ambos tipos de datos son complementarios y que solo su estudio conjunto permite identificar discrepancias relevantes para la causa, como flujos económicos no declarados o movimientos que no se correspondan con la realidad reflejada en los productos financieros.
El caso ha generado debate sobre los límites de la colaboración entre cuerpos policiales y la judicatura en investigaciones de delitos económicos. En situaciones similares, la falta de acceso a información fiscal ha sido motivo de controversia y ha ralentizado procesos judiciales. La importancia de los datos tributarios en este tipo de investigaciones ha sido destacada en otros procedimientos recientes, como el que afectó a Quirón Prevención y su entorno, donde partidos como PSOE y Más Madrid solicitaron ampliar la investigación fiscal, según se recoge en una cobertura anterior sobre las sospechas fiscales en torno a Quirón Prevención.
En España, el acceso a datos fiscales por parte de las fuerzas de seguridad requiere autorización judicial expresa, y los jueces suelen valorar el alcance y la proporcionalidad de cada solicitud. La UCO, especializada en delitos complejos, argumenta que la colaboración con la Agencia Tributaria es clave para esclarecer posibles delitos de corrupción y blanqueo. El caso sigue abierto y se espera que la decisión final sobre el acceso a la información fiscal marque un precedente para futuras investigaciones de este tipo.
