El PSOE y Más Madrid piden al juez investigar posibles delitos fiscales en Quirón Prevención y su directiva. Hacienda detectó pagos millonarios a consultoras vinculadas a la pareja de Ayuso. El caso suma nuevas ramificaciones.
El caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, suma un nuevo capítulo tras la petición de PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación judicial. Ambas formaciones, personadas como acusación popular, han solicitado al juez Antonio Viejo que se indaguen posibles delitos fiscales detectados por la Agencia Tributaria en Quirón Prevención, su director general Fernando Camino y su esposa Gloria Carrasco. La petición se produce después de que Hacienda comunicara al juzgado la apertura de actuaciones contra el grupo hospitalario Quirónsalud y su filial Quirón Prevención, principales clientes de González Amador.
Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria, entre 2021 y 2023, González Amador facturó 4,4 millones de euros al grupo Quirónsalud a través de dos consultoras: Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. Los ingresos anuales oscilaron entre 1 y 2 millones de euros, coincidiendo con los primeros años de su relación con la presidenta madrileña. Hacienda detalla que la mayor parte de estos pagos procedían de Quirón Prevención, lo que ha levantado sospechas sobre la naturaleza de los servicios prestados y la estructura societaria utilizada.
La investigación judicial se centra especialmente en la consultora Masterman, adquirida por González Amador en diciembre de 2020 a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, por 500.000 euros. Se sospecha que esta operación podría encubrir un soborno, ya que meses antes Camino habría permitido a González Amador participar en una compraventa de mascarillas que le reportó dos millones de euros. Masterman, anteriormente denominada Círculo de Belleza, no tenía empleados ni activos relevantes y su facturación era mínima antes del cambio de titularidad. Tras la adquisición, la sociedad pasó a facturar servicios de auditoría de calidad a Quirón Prevención, pese a carecer de medios materiales para realizarlos, según informes de la Guardia Civil y Hacienda, que aprecian indicios de simulación y posible fraude fiscal.
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario privado de España y mantiene una estrecha relación con la Comunidad de Madrid, recibiendo cerca de mil millones de euros anuales por su colaboración hospitalaria. La Agencia Tributaria ha informado al juez de que en 2025 inició inspecciones sobre Quirón Prevención y su matriz, Quirónsalud, relativas al impuesto de sociedades de 2020 a 2023 y al IVA de 2021 a 2023. Además, se investiga al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de estas actuaciones. Hacienda ha solicitado la suspensión de las inspecciones administrativas mientras se resuelve la causa penal, priorizando así la vía judicial.
El caso pone de relieve la compleja relación entre empresas privadas del sector sanitario y la administración pública en Madrid, así como los mecanismos de control fiscal sobre grandes grupos hospitalarios. La investigación sobre González Amador y su entorno se suma a otros procedimientos recientes en los que se examinan posibles irregularidades en la gestión de fondos y contratos públicos. En este contexto, la atención sobre la transparencia y la fiscalización de las relaciones entre empresas y altos cargos políticos ha ido en aumento. Temas similares han sido objeto de análisis en otros procesos judiciales, como el que implicó a altos funcionarios por presuntos sobornos, del que se informó en un reciente procedimiento en los tribunales de Madrid.
En España, los delitos fiscales y la corrupción en la contratación pública han sido objeto de creciente escrutinio en los últimos años. La Agencia Tributaria dispone de competencias para iniciar inspecciones y remitir indicios de delito a la Fiscalía o al juzgado competente. Cuando existe una causa penal abierta, la investigación judicial prevalece sobre la administrativa, como ocurre en este caso. El sector sanitario privado, especialmente en Madrid, ha experimentado un notable crecimiento y una mayor dependencia de la colaboración público-privada, lo que ha generado debates sobre la transparencia y el control de los fondos públicos. La evolución de este caso será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y el impacto en la gestión de los recursos sanitarios en la región.
