La Guardia Civil ha pedido al juez autorización para examinar los móviles de la gerente del PSOE y dos empleadas. El caso investiga una supuesta trama para influir en procesos judiciales que afectan al partido.
La investigación sobre el denominado ‘caso Leire Díez’ da un nuevo giro tras la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder al contenido de los teléfonos móviles de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y de dos trabajadoras del partido, Covadonga S. P. P. y Celia R. A. Los dispositivos fueron incautados durante los registros realizados en mayo, que incluyeron la sede nacional de la calle Ferraz en Madrid. Ahora, los agentes han solicitado al juez Santiago Pedraz autorización formal para clonar y analizar los terminales, con el objetivo de profundizar en las comunicaciones internas y determinar el alcance de la presunta trama investigada.
Según el informe remitido al magistrado, la UCO considera que las conversaciones almacenadas en estos móviles pueden ser clave para esclarecer la participación de las empleadas y de posibles terceros que habrían dado instrucciones. Los agentes subrayan que, tras la intervención policial inicial, los teléfonos quedaron bajo custodia y que solo ahora buscan el permiso judicial para examinar su contenido en detalle. La causa, abierta en la Audiencia Nacional, apunta a la existencia de una estructura organizada para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al Gobierno.
Entre los imputados figuran, además de Ana Fuentes, la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido. El sumario señala a Cerdán como supuesto líder de la trama y detalla que la estructura del partido habría facilitado recursos y personal para las actividades investigadas. La UCO sospecha que fondos del PSOE se emplearon para sufragar viajes y reuniones de los implicados, así como para simular contratos con despachos de abogados, con el fin de justificar pagos a letrados también imputados en la causa.
La defensa del PSOE se ha centrado en respaldar a Ana Fuentes y a las dos trabajadoras administrativas, argumentando que sus funciones se limitan a tareas de secretaría y gestión de viajes, siempre bajo órdenes superiores. Covadonga S. P. P. y Celia R. A. han recurrido la incautación de sus móviles, alegando que la UCO actuó sin autorización judicial y sin notificar al juez en el plazo legal. En su escrito, insisten en que sus labores son puramente burocráticas y que no han cometido delito alguno.
La Guardia Civil, por su parte, sostiene que el análisis de las comunicaciones es esencial para cuantificar los costes asumidos por el partido y para identificar las operativas y personas implicadas. El caso ha generado tensiones similares a otras investigaciones recientes en las que la UCO ha solicitado acceso a información sensible, como ocurrió en la causa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, donde la disputa entre Guardia Civil y juez por el acceso a datos fiscales fue relevante, según se detalla en este análisis sobre la investigación a la pareja de Ayuso.
La Audiencia Nacional mantiene la instrucción abierta y aún debe resolver sobre la validez de la incautación de los teléfonos y la autorización para su análisis. El desarrollo de este procedimiento podría marcar un precedente sobre los límites de las intervenciones policiales en dispositivos personales de empleados de partidos políticos. En el contexto español, la protección de las comunicaciones y la legalidad de las pruebas recabadas en investigaciones de corrupción o tramas internas han sido objeto de debate judicial en los últimos años. La resolución de este caso será observada de cerca tanto por el ámbito político como por el judicial, dada la relevancia de los cargos implicados y el posible impacto en la gestión interna de los partidos.
